Un tribunal en declive

El Tribunal Constitucional (TC), creado por la Constitución de 1978, que lo configura como el intérprete supremo de nuestra Ley Fundamental, cumple hoy su 25º aniversario con un atasco de asuntos pendientes próximo a los 8.000, de los que más del 98% son recursos de amparo de los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales. La situación de declive en que, a sus 25 años, está instalado este importantísimo tribunal se debe en buena parte a la escasa admisión a trámite de las peticiones de amparo (menos de un 5%), que crea una frustración jurídica tras el efecto llamada que la jurisprudencia del Constitucional en materia de derechos humanos ha suscitado durante todo este tiempo.

El tribunal ha corregido a los jueces ordinarios sobre la tutela de los derechos y libertades

El reclutamiento de los primeros magistrados fue como un epílogo del consenso constitucional

Además, la dedicación de los 12 magistrados del Tribunal -en sendas salas de seis y cuatro secciones de tres- para rechazar, aunque sólo sea sucintamente, miles de recursos de amparo, impide o retrasa la resolución de muchos otros asuntos de alta importancia jurídico-política. Las impugnaciones de leyes estatales o autonómicas o los conflictos de competencias territoriales aguardan largos años sin que se produzca un pronunciamiento del Tribunal. De ahí que los sucesivos presidentes de la institución vengan reclamando en los últimos tiempos al legislador que limite la afluencia de recursos de amparo o establezca órganos que actúen de filtro para reducir el colapso.

La Fundación Alternativas promovió hace meses una original fórmula, según la cual se crearía en el Supremo una Sala de "recurso de amparo judicial", cuyas decisiones desestimatorias sólo podrían ser revisadas por el TC cuando recurriera el fiscal o se hubiera producido el voto particular de alguno de los jueces que conoció el asunto. No hay noticias de que esa iniciativa vaya a prosperar. En el Ministerio de Justicia, dos catedráticos de Derecho Constitucional como el titular, Juan Fernando López Aguilar, y el secretario de Estado, Luis López Guerra -este último, ex vicepresidente del Constitucional- son sensibles al problema, pero se muestran reacios a reducir el recurso de amparo, en un momento en que la ciudadanía, acostumbrada al creciente disfrute de los derechos civiles, no recibiría de buen grado el recorte de los procedimientos para su protección.

Por su parte, el TC está utilizando herramientas como acumular asuntos similares o remitir a su jurisprudencia firme para achicar la bolsa de asuntos pendientes. De hecho, en contraste con la baja productividad del trienio presidido por Manuel Jiménez de Parga -en 2002 ingresaron 7.456 asuntos y sólo se resolvieron 5.702-, la actual presidenta, María Emilia Casas, ha logrado en su primer año de mandato casi equilibrar la cifra de asuntos ingresados en 2004 (7.951) y la de resueltos ese mismo año: 7.823.

En todo caso, este 25º aniversario debería de servir de acicate a los dos grandes partidos con opción de gobierno -PSOE y PP- para fortalecer una institución capital para nuestra democracia. No hacerlo así conduce a invocar en vano la Constitución. Es vital para el Estado de derecho que el órgano encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes, arbitrar sobre cuestiones de competencia entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y decir la última palabra estatal en materia de derechos fundamentales cuente con una solidez jurídica incontestable y con una vinculación probada de sus miembros a los valores y postulados de la Constitución. No debe volver a ocurrir lo sucedido en 2001, cuando populares y socialistas negociaron en un mismo paquete magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembros del Tribunal de Cuentas.

Los primeros pasos del Tribunal Constitucional, ahora hace 25 años, debieran servir de enseñanza y estímulo a los políticos de hoy. El reclutamiento de los primeros magistrados del TC fue como un epílogo del consenso constitucional. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, por UCD, y Gregorio Peces-Barba, por el PSOE, buscaron juristas útiles para la institución, hasta el punto de que no sabían muy bien si uno de ellos, Francisco Rubio Llorente -actual presidente del Consejo de Estado, que llegó a ser pieza básica del Tribunal- era próximo a UCD o al PSOE. Y aquel primer TC dio una lección no aprendida en otras instituciones, como el CGPJ: la previsión del Gobierno de Suárez era que ocupara la presidencia el catedrático de Derecho Mercantil y ex ministro de Educación Aurelio Menéndez, un gran jurista, pero la decisión del colegio de magistrados, al que la Constitución encomienda designar a su presidente, fue elegir a otro gran jurista, el catedrático de Derecho Constitucional Manuel García-Pelayo.

La tarea del TC durante sus primeros años fue clave para la implantación de la Ley Fundamental y, de modo muy particular, para la aplicación directa de los derechos y libertades que consagra. Muchos jueces de aquella época, en buena parte ejercientes durante el franquismo y complacientes con aquel régimen, se negaban a tutelar los derechos fundamentales que reclamaban los ciudadanos invocando la Constitución. Aquellos jueces argüían que se debían a la ley y, dado que algunos derechos fundamentales no habían sido objeto de desarrollo legal, les atribuían un valor retórico o enunciativo, que permitía seguir aplicando la legislación franquista. El TC se empleó a fondo y logró disciplinar a la jurisdicción ordinaria en el respeto a la Ley de Leyes.

Precisamente, junto a una interpretación armónica del Título VIII de la Constitución -dedicado a "la organización territorial del Estado"- y un prudente control de las leyes emanadas de las Cortes Generales o de los Parlamentos autónomos, la principal ejecutoria del TC durante sus primeros 25 años, con más intensidad al principio, ha sido corregir a los jueces ordinarios sobre la tutela de los derechos y libertades. La anulación por el TC de resoluciones judiciales, en aras del amparo debido a los ciudadanos, ha venido produciendo heridas en los integrantes de los órganos judiciales. En 1994, la Sala Civil del Tribunal Supremo -a la que el Constitucional había anulado un fallo para proteger el derecho a la investigación de la paternidad- consideró invadida su función jurisdiccional y apeló al Rey, "como máximo poder moderador del Estado".

En los últimos años, las fricciones entre el Constitucional y la Sala Civil del Supremo han sido frecuentes y culminaron en enero de 2004 con la condena de 11 magistrados del TC impuesta por el Supremo por "negligencia profesional grave", a propósito de la inadmisión, sin examinarla, de una pintoresca demanda de amparo. El demandante, un abogado, llevó quijotescamente el caso ante el Supremo, que inopinadamente le dio la razón. El TC evaluó la condena como "una invasión" de su jurisdicción.

Al margen de esos desencuentros, en los que a veces se confunden las instituciones con las personas que las integran, lo relevante sería que a los 25 años de su existencia, el TC, coherente con su mejor historia, desplegara toda su actividad en una interpretación de la Constitución acorde con la voluntad, proclamada en su Preámbulo, de "establecer una sociedad democrática avanzada". Si desde fuera los poderes públicos se comprometieran a colaborar, tanto al designar los cuatro magistrados que cada tres años renuevan parte de la institución como mediante reformas legales que faciliten un mejor funcionamiento del Tribunal, la celebración del aniversario habrá sido fructífera.