Los juzgados de lo contencioso acumulan 6.500 asuntos en trámite o por sentenciar

Los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona están al borde del colapso y acumulan 6.500 asuntos en trámite. En 2003 entraron 5.435 pleitos y el año pasado fueron 9.213. La consecuencia directa es que un recurso que antes tardaba en resolverse una media de cuatro meses desde que se presentaba, ahora puede tardar más de un año. La solución, dicen los jueces encargados, no es necesariamente crear más juzgados o poner más personal. Bastaría con asignar jueces de refuerzo, porque los 14 que hay son los mismos que cuando se crearon, en 1999. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, donde el volumen de asuntos es ligeramente superior al de Barcelona, hay 28 órganos juzgados de este tipo.

Los juzgados de lo contencioso administrativo son los encargados de resolver los recursos que se presentan contra decisiones administrativas de todo tipo: multas de tráfico, retiradas de permiso de conducir, impuestos de menos de 12.000 euros, licencias de obras, infracciones de la normativa de consumidores, cierre de locales, etcétera. A finales de 2003 se modificó la ley que regula las competencias de esos juzgados y se les asignó también la resolución de los recursos de extranjería y de responsabilidad patrimonial de la Administración, y cuestiones referidas a las haciendas locales.

Esas competencias dependían hasta entonces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y las resolvía un tribunal formado por tres jueces. Esa jurisdicción fue durante muchos años el garbanzo negro de la justicia en Cataluña, pues llegó a acumular más de 25.000 pleitos y todavía está resolviendo litigios que entraron hace ocho o nueve años. Con la reforma de la ley, muchos de esos pleitos los resuelve ahora un solo magistrado, pese a la complejidad de algunos asuntos. Es el caso, por ejemplo, de la planificación urbanística del distrito 22 @ de Barcelona, que ha generado numerosos recursos por los intereses tan diversos que hay en juego.

"Nosotros nunca resolvemos un asunto con una sentencia de conformidad, como ocurre en otras jurisdicciones. Siempre tenemos que celebrar el juicio", asegura la magistrada Montserrat Figueras, titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Barcelona. El año pasado cada juzgado dictó una media de 260 sentencias, pero es que en ese mismo periodo entraron 658 nuevos asuntos en cada juzgado, mientras que en 2003 habían sido 388.

Como cada vez entran más recursos y se dictan un número similar de sentencias, el colapso parece irremediable si no se adoptan medidas."Los casos de nuestros juzgados afectan a la vida cotidiana de cualquier ciudadano, pero para los poderes públicos parece que no tienen mucha importancia porque no dan votos, como pasa con los juzgados de violencia doméstica", se lamenta la magistrada María José Moseñe, titular del Juzgado Contencioso número 9. Es una opinión unánime en esa jurisdicción.

Su compañera Concepción Gimeno, del juzgado número 11, es todavía más contundente a la hora de explicar la pasividad de la Administración frente a la situación de estos juzgados. "Cuanto mejor funcionen, más controlada estará la Administración y quizá eso no les interesa. Antes se sentían más impunes", asegura Gimeno. La juez recuerda, en este sentido, que hace unos años "la Administración cometía auténticos disparates en la tramitación de los recursos y el cumplimiento de los trámites". Los casi seis años de funcionamiento de estos juzgados, dicen las jueces, han servido para que se afinara su actuación frente a las reclamaciones de los ciudadanos.

Esperando una respuesta

A finales del pasado mes de abril, la Sala de Gobierno del TSJC reclamó del Consejo General del Poder Judicial que designara dos jueces durante seis meses para que resolviesen 12 pleitos mensuales de los llamados de procedimiento ordinario, que son los más complejos y que se tramitan todos por escrito. Una medida de paños calientes, si se quiere, pero que liberaría de una parte del trabajo a esos juzgados. Dos meses y medio después, todavía no hay respuesta a la petición. Y cuando la haya, deberá ser el Ministerio de Justicia el que también dé el visto bueno. La memoria del juzgado decano de Barcelona del año pasado asegura que, como mínimo, haría falta crear cuatro nuevos juzgados para solucionar la saturación.

Pero si la radiografía actual es preocupante, el futuro no es menos esperanzador, según señalan las tres magistradas. De los 9.213 recursos que entraron el año pasado, 2.589 fueron por cuestiones de extranjería. Y dentro de unas semanas empezarán a llegar a los juzgados centenares de recursos derivados del último proceso de regularización, dicen las jueces. Actualmente llegan a cada juzgado entre cinco y siete recursos diarios. Y esos ciudadanos deberán esperar un año para saber, por ejemplo, si se les concede o no papeles.

Otro ejemplo. El año pasado entraron otros 1.433 recursos referidos a licencias de edificación y uso del suelo, declaración de ruina y obras de conservación, reforma o rehabilitación. También en este caso las jueces recuerdan que el ciudadano espera una respuesta rápida de la justicia porque puede condicionar su vida a muy corto plazo.