El Gobierno busca el acuerdo con Cataluña

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque reconoce el "avance" de la reforma del Estatuto de Cataluña en las últimas jornadas, está "preocupado" por la situación en que se encuentra y "ayudará al PSC y al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a sacarlo adelante" porque quiere que la reforma "sea un éxito", aseguran fuentes gubernamentales. Zapatero, antes de salir el lunes para Singapur y a su regreso, el jueves, reclamó a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que todo el Gobierno respete los trabajos de la ponencia del Parlamento catalán y confíe en el PSC. De ahí que el viernes, tras el Consejo de Ministros, Sevilla dijera públicamente: "Tendremos un magnífico Estatuto de Cataluña".

La próxima reunión de Sevilla y Maragall expresará la colaboración de los dos Gobiernos

El Ejecutivo ayudará a que el PP catalán se incorpore al consenso en torno al Estatuto

También comprometió su ayuda a Maragall y al PSC -cuyo secretario general es el ministro de Industria, José Montilla- para lograr que el proyecto estatutario de Cataluña sea "constitucional". En esa dirección se sitúan las reuniones que, desde mayo, se celebran, de modo discreto, entre delegaciones del Gobierno central y del PSC, la última de ellas el pasado domingo en Barcelona, en que la representación gubernamental la encabezó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, experto en Derecho Constitucional. "Son reuniones técnicas para avanzar en la constitucionalización del texto", según fuentes gubernamentales.

Otro cariz tendrá la reunión que el miércoles celebrarán, también en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Será un encuentro de alcance político, "que pretende visualizar la voluntad de entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat catalana". "A este encuentro seguirán otros de carácter técnico y político con la voluntad de lograr un texto asumible por las Cortes", insisten las fuentes gubernamentales.

La principal preocupación de La Moncloa sobre el texto del nuevo Estatuto de Cataluña sigue radicando en que se insista en un modelo específico de financiación autonómica para esta comunidad. El articulado no ha experimentado, en este punto, alteración alguna a su paso por la ponencia del Parlamento autónomo, cuyos trabajos finalizaron el viernes, pese a que el propio Zapatero expresó su disconformidad con esta demanda autonómica, por su carácter "unilateral", cuando la conoció, en abril.

El Gobierno cree, sin embargo, que en el texto aprobado por la ponencia del Parlamento catalán se han producido algunos avances, como la desaparición del término "excluyentes" al referirse al "blindaje" de las competencias que tendría la Generalitat. Pero también es cierto que pervive una definición de competencias que deja vacía la posibilidad del Gobierno de regular leyes básicas y que incurriría en la inconstitucionalidad. Otra cuestión que preocupa al Gobierno central del texto del Estatuto es su previsión "unilateral" de aplicar, en una docena de ocasiones, el artículo 150,2 de la Constitución, que cede competencias exclusivas del Estado a las autonomías.

La pretensión del Gobierno central es que el texto que llegue a las Cortes, previsiblemente en septiembre, una vez que se vote en el Parlamento autónomo, "sea lo más adecuado posible a la Constitución". A partir de ese momento, una comisión mixta del Congreso y el Parlamento catalán acordará un texto común en el plazo máximo de tres meses.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló el viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el trabajo de la ponencia, finalizado ese mismo día -en el que salió adelante el borrador del Estatuto con los votos del PSC, ERC e IC-IV-, ha revelado que el Gobierno tripartito catalán "está sólido"; que las "espadas siguen en alto", al mantenerse algunos de los puntos conflictivos con el Gobierno, y que "nadie quiere romper la baraja en Cataluña", en alusión a que ni CiU ni el PP han abandonado su pretensión de reformar el Estatuto, pese a haberse abstenido los nacionalistas y votar en contra los populares.

El objetivo del Gobierno central consistirá, en esta situación, en "contribuir a que el PP apoye la reforma del Estatuto y ponerle imposible a CiU que se oponga a la misma". A esta cuestión se refirió Fernández de la Vega, el viernes pasado, cuando dijo: "Deseamos que haya un Estatuto aceptado por todos". En este contexto, hace seis días se reunieron en Madrid Jordi Sevilla y José Montilla con el líder del PP catalán, Josep Piqué. "A esta reunión seguirán otras", afirman fuentes gubernamentales.

El Gobierno también sigue de cerca la "radicalización" del discurso ante la reforma del Estatuto catalán de algunos portavoces socialistas, como el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque "representan la posición de un sector del partido que puede repercutir en el grupo parlamentario". El Ejecutivo recuerda que estos mismos portavoces reaccionaron contra Felipe González cuando, siendo éste presidente del Gobierno, decidió la cesión del 15% del IRPF a las autonomías. "Al final los que cedieron fueron ellos".