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EL FUTURO DE CATALUÑA

El Gobierno busca el acuerdo con Cataluña

Zapatero pide a sus ministros que respeten los trabajos del Parlamento autónomo y confíen en el PSC

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a su Gabinete que respete los trabajos del Parlamento catalán para reformar el Estatuto y que confíe en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El proyecto de reforma estatutaria pasó el viernes su primera votación parlamentaria. El texto fue apoyado por los partidos del tripartito (PSC, ERC e ICV), Convergència i Unió se abstuvo y el PP votó en contra. Los líderes del PSC, el ministro José Montilla, y de CiU, Artur Mas, están dispuestos a llegar a un acuerdo. Mas puso ayer "siete condiciones mínimas" para el pacto, mientras Montilla aseguró que el PSC logrará dejar a los convergentes sin argumentos para rechazar la reforma.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque reconoce el "avance" de la reforma del Estatuto de Cataluña en las últimas jornadas, está "preocupado" por la situación en que se encuentra y "ayudará al PSC y al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a sacarlo adelante" porque quiere que la reforma "sea un éxito", aseguran fuentes gubernamentales. Zapatero, antes de salir el lunes para Singapur y a su regreso, el jueves, reclamó a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que todo el Gobierno respete los trabajos de la ponencia del Parlamento catalán y confíe en el PSC. De ahí que el viernes, tras el Consejo de Ministros, Sevilla dijera públicamente: "Tendremos un magnífico Estatuto de Cataluña".

La próxima reunión de Sevilla y Maragall expresará la colaboración de los dos Gobiernos

El Ejecutivo ayudará a que el PP catalán se incorpore al consenso en torno al Estatuto

También comprometió su ayuda a Maragall y al PSC -cuyo secretario general es el ministro de Industria, José Montilla- para lograr que el proyecto estatutario de Cataluña sea "constitucional". En esa dirección se sitúan las reuniones que, desde mayo, se celebran, de modo discreto, entre delegaciones del Gobierno central y del PSC, la última de ellas el pasado domingo en Barcelona, en que la representación gubernamental la encabezó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, experto en Derecho Constitucional. "Son reuniones técnicas para avanzar en la constitucionalización del texto", según fuentes gubernamentales.

Otro cariz tendrá la reunión que el miércoles celebrarán, también en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Será un encuentro de alcance político, "que pretende visualizar la voluntad de entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat catalana". "A este encuentro seguirán otros de carácter técnico y político con la voluntad de lograr un texto asumible por las Cortes", insisten las fuentes gubernamentales.

La principal preocupación de La Moncloa sobre el texto del nuevo Estatuto de Cataluña sigue radicando en que se insista en un modelo específico de financiación autonómica para esta comunidad. El articulado no ha experimentado, en este punto, alteración alguna a su paso por la ponencia del Parlamento autónomo, cuyos trabajos finalizaron el viernes, pese a que el propio Zapatero expresó su disconformidad con esta demanda autonómica, por su carácter "unilateral", cuando la conoció, en abril.

El Gobierno cree, sin embargo, que en el texto aprobado por la ponencia del Parlamento catalán se han producido algunos avances, como la desaparición del término "excluyentes" al referirse al "blindaje" de las competencias que tendría la Generalitat. Pero también es cierto que pervive una definición de competencias que deja vacía la posibilidad del Gobierno de regular leyes básicas y que incurriría en la inconstitucionalidad. Otra cuestión que preocupa al Gobierno central del texto del Estatuto es su previsión "unilateral" de aplicar, en una docena de ocasiones, el artículo 150,2 de la Constitución, que cede competencias exclusivas del Estado a las autonomías.

La pretensión del Gobierno central es que el texto que llegue a las Cortes, previsiblemente en septiembre, una vez que se vote en el Parlamento autónomo, "sea lo más adecuado posible a la Constitución". A partir de ese momento, una comisión mixta del Congreso y el Parlamento catalán acordará un texto común en el plazo máximo de tres meses.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló el viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el trabajo de la ponencia, finalizado ese mismo día -en el que salió adelante el borrador del Estatuto con los votos del PSC, ERC e IC-IV-, ha revelado que el Gobierno tripartito catalán "está sólido"; que las "espadas siguen en alto", al mantenerse algunos de los puntos conflictivos con el Gobierno, y que "nadie quiere romper la baraja en Cataluña", en alusión a que ni CiU ni el PP han abandonado su pretensión de reformar el Estatuto, pese a haberse abstenido los nacionalistas y votar en contra los populares.

El objetivo del Gobierno central consistirá, en esta situación, en "contribuir a que el PP apoye la reforma del Estatuto y ponerle imposible a CiU que se oponga a la misma". A esta cuestión se refirió Fernández de la Vega, el viernes pasado, cuando dijo: "Deseamos que haya un Estatuto aceptado por todos". En este contexto, hace seis días se reunieron en Madrid Jordi Sevilla y José Montilla con el líder del PP catalán, Josep Piqué. "A esta reunión seguirán otras", afirman fuentes gubernamentales.

El Gobierno también sigue de cerca la "radicalización" del discurso ante la reforma del Estatuto catalán de algunos portavoces socialistas, como el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque "representan la posición de un sector del partido que puede repercutir en el grupo parlamentario". El Ejecutivo recuerda que estos mismos portavoces reaccionaron contra Felipe González cuando, siendo éste presidente del Gobierno, decidió la cesión del 15% del IRPF a las autonomías. "Al final los que cedieron fueron ellos".

El interés del PSC

"El PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) tiene la voluntad y trabaja para que el texto del Estatuto sea constitucional; para que sea apoyado por los partidos nacionalistas e incorpore al consenso al PP". Así se expresa un portavoz del secretario general del PSC, José Montilla, que es, a su vez, ministro de Industria y trabaja en estrecho contacto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto Montilla como el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, han pedido al jefe del Ejecutivo que les dé "un margen de confianza en su tarea de llevar a buen puerto al Estatuto de Cataluña por encima del ruido mediático, que tanto perjudica este proceso de reforma", señalan fuentes próximas al secretario general de los socialistas catalanes. Zapatero ha respondido favorablemente a la petición de ambos.

El PSC se juega mucho en la reforma del Estatuto y también sabe de la repercusión de dicha modificación en el Gobierno de Zapatero, que se apoya en los mismos socios que los socialistas catalanes: ERC e ICV. "Todos estamos en el mismo barco", coinciden fuentes del Ejecutivo central y de la Generalitat.

Desde el PSC se contempla "agradablemente" la evolución de ERC, un partido que "sabe que el Estatuto de Cataluña sólo es posible con el apoyo de la izquierda española".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de julio de 2005

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