Populares y socialistas pactan evitar conflictos en la gestión de residuos

La gestión de los residuos y la construcción de las nuevas instalaciones de tratamiento exige el consenso de las administraciones y los partidos. Así lo destacaron ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, en la firma de un protocolo con el que pretenden desatascar los planes de residuos y evitar los conflictos que genera su ejecución. Socialistas y populares crearán una comisión de coordinación y establecerán un plan transitorio para eliminar la basura mientras se construyen las plantas y vertederos.

Tanto Camps como Pla resaltaron en sus intervenciones tras la firma del protocolo en el Palau de la Generalitat que éste es el segundo acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en pocos días y que incide en la calidad de vida de los ciudadanos, aunque no consiga la proyección pública del Estatut d'Autonomia. Ambos coincidieron también en la necesidad y voluntad de consenso para alcanzar pactos en asuntos de interés general más allá de las diferencias partidarias.

"Es un acuerdo importantísimo" que pone en marcha "la voluntad política de quienes tienen que tener consorciados esfuerzos en relación a una cuestión tan importante" como la gestión de los residuos, afirmó el presidente del Consell. "No se resuelven todos los problemas [de los residuos], pero se avanza en el espacio donde se pueden resolver", manifestó el secretario general de los socialistas valencianos, quien resaltó que la gestión correcta de las basuras es "fundamental" para la calidad de vida de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

El acuerdo cierra una etapa de enfrentamientos entre socialistas y populares en torno a la planificación de la eliminación de las basuras y la forma de resolver los conflictos que genera la instalación de vertederos y plantas de tratamiento en los municipios -Camps recordó que los dos partidos gobiernan en la mayoría de ayuntamientos-. El pacto firmado hace un año entre el Consell, la Federación Valenciana de Municipios y la patronal Cierval dejó fuera a los socialistas, que acusaron al PP de "dinamitar" el consenso alcanzado al cerrarlo justo en vísperas de la campaña electoral europea y sin darles tiempo a consultarlo con sindicatos y ayuntamientos. En el acto de ayer, los dos dirigentes rubricaron aquel acuerdo marco y un protocolo adicional de cinco puntos "que puede proporcionarle la efectividad que hasta ahora no ha tenido", en palabras de Pla.

El protocolo que complementa el primer acuerdo prevé la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado en 1997 "atendiendo a la situación actual". Además, incide en el desarrollo de los 11 planes zonales en los que está dividido el territorio, y que contienen la previsión de nuevas instalaciones, con la búsqueda "del consenso social" respecto de su ubicación. También prevé la elaboración de un Plan Transitorio de Gestión de Residuos Urbanos para "asegurar un destino adecuado" a las basuras mientras se construyen las nuevas plantas. El protocolo abre la puerta a la financiación de infraestructuras por parte de la Generalitat y las diputaciones, y flexibiliza la gestión de los planes zonales, que será posible a través de entidades distintas a los consorcios de los municipios afectados en cada zona que están ahora en vías de creación. Para garantizar el desarrollo del protocolo y resolver posibles conflictos, socialistas y populares crearán una comisión de coordinación "paritaria".

El último punto pretende conseguir la adhesión al pacto de otras fuerzas políticas, empresariales y sociales, y Camps y Pla destacaron esta invitación para lograr la máxima eficacia e implicación en la resolución del problema de las basuras. Las primeras respuestas no se hicieron esperar. Jose Bort, portavoz de EU-L'Entesa en la Diputación de Valencia, afirmó que populares y socialistas "no pueden firmar acuerdos" y después pretender que otras fuerzas políticas "los hagan suyos sin participar en su elaboración". El sindicato UGT afirmó que "si existiera voluntad real de consenso", los firmantes debían haber contado con su participación. La recientemente creada Mesa por un Residuo Mínimo, integrada por formaciones de izquierda, entre ellas EU, Comisiones Obreras y grupos ecologistas, dijo que el acuerdo "no se corresponde con las directivas europeas de medio ambiente y no cuenta con la participación de la ciudadanía".