El sindicato de controladores civiles denuncia la "persecución" de un militar

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que agrupa a la inmensa mayoría de los controladores aéreos civiles, denunció ayer la "persecución" a la que está siendo sometido el sargento primero y controlador del Ejército del Aire F. M., presidente de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (Sodecta). "Nos parece una barbaridad que en pleno siglo XXI una persona pueda perder la libertad por expresar una opinión, que además está bastante fundada", manifestó Juan Mari García Gil, presidente de la USCA.

El sargento F. M. ha sido objeto de un expediente como presunto autor de una falta disciplinaria grave, sancionable con hasta dos meses de arresto, por "incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio". El origen del expediente está en la carta que el presidente de Sodecta remitió al del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, en la que exponía una serie de problemas de los pilotos aéreos militares que, a su juicio, "constituyen factores de riesgo o peligro que deben ser analizados y evaluados".

Juan Mari García Gil admite que su sindicato mantiene algunas discrepancias con los controladores militares -en particular, respecto a la reivindicación de homologar su título al de los civiles-, pero agrega que estos últimos "deben tener una consideración y unas condiciones de trabajo y descanso adecuadas a la tarea que realizan, pues de lo contrario se podría llegar a poner en riesgo la vida de personas". Los controladores militares, según recordó, controlan vuelos civiles en muchos aeropuertos mixtos.

El presidente de la USCA agregó que "el Ministerio de Defensa debe reflexionar sobre esta situación y no reaccionar de la forma desorbitada en que lo ha hecho, intentando sólo acallar a quien denuncia un problema".

El fiscal militar no ve delito

Durante la tramitación del expediente disciplinario, el instructor interrogó a 16 controladores militares, a quienes preguntó sobre su pertenencia a la asociación Sodecta. Ante la negativa de estos a contestar, por considerar que la pregunta afectaba a su intimidad, el instructor remitió el caso a los juzgados militares por si su actitud constituyese delito.

El fiscal militar ha pedido que se archive la causa, ya que "debe descartarse desde el principio que la negativa a contestar a las preguntas del instructor pueda constituir delito militar alguno".

Además, considera que la pretensión de los controladores militares de homologarse con los civiles puede ser "criticable por lo que pueda tener de reivindicativa y del medio utilizado, pero no es desde luego delictiva". Respecto a la posibilidad de que, "en sus reuniones, asambleas o trabajos los asociados militares puedan estar utilizando informaciones relativas a asuntos del servicio", el fiscal alega que "no pasa de ser una mera sospecha".