Críticas al fallo que obliga al Estado a pagar en el caso Alcàsser

La sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar con 300.000 euros a los progenitores de las tres menores que fueron violadas y asesinadas en Alcàsser en 1992 a manos de Miguel Ricart, en prisión por estos hechos, y supuestamente por Antonio Anglés, huido de la justicia, ha levantado polémica. El fallo considera que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial porque Antonio Anglés estaba de permiso penitenciario cuando ocurrieron los hechos. Y, a pesar de que no fue juzgado al darse a la fuga, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) respaldan la sentencia porque consideran que estaba perfectamente identificado, como recoge el fallo judicial. La APM trasladó ayer su deseo que "de que siente precedente". A su juicio, "el Estado falló en la seguridad y la protección de todos los ciudadanos al permitir el permiso penitenciario a Anglés", según declaró su presidente, Manuel Suárez.

No lo entienden así Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y el Colegio de Abogados de Valencia. Por contra, consideran que la decisión "es muy discutible" porque no hay relación directa entre la responsabilidad del Estado en el fallo que permitió la libertad condicional del presunto autor y la muerte de las tres niñas. Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó que "la responsabilidad de Anglés en los hechos no se ha probado". El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, criticó la sentencia porque "retrae de la concesión de permisos penitenciarios".