Blanco desautoriza a quien afirme que habla con Batasuna en nombre del PSOE

El PSOE mantiene contra viento y marea que no ha mantenido contactos con Batasuna ni ha autorizado a nadie para que lo haga en su nombre. Es más, el secretario de organización, José Blanco, desautorizó ayer a quien pueda invocar en algún momento las siglas de este partido para hablar con esa organización ilegal. De esta manera desmiente la afirmación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, según el cual ha habido conversaciones del PNV y el PSOE con Batasuna. Por su parte, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, lamentó la "escasa colaboración" del PP en la política antiterrorista.

El secretario de organización del PSOE, José Blanco, desmintió de todas las maneras posibles que su partido haya mantenido, como el PNV, conversaciones con Batasuna. Pero no sólo lo negó públicamente, tras la reunión de la ejecutiva federal, sino que dentro de la reunión se suscitó un debate para analizar por qué el presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, había asegurado algo así, "cuando no es cierto", según fuentes de la ejecutiva.

En este debate participaron varios miembros de la dirección, pero quien estuvo más tajante fue el diputado vasco, miembro de la dirección del PSE y también de la ejecutiva del PSOE, Rodolfo Ares. Éste interpretó para sus compañeros que Ibarretxe y el PNV con una afirmación de ese tipo ponía de manifiesto "su debilidad" y buscaba "un lugar al sol" en un eventual proceso futuro de fin del terrorismo.

La tesis de Ares, sostenida por otros miembros de la dirección socialista, se basa en la convicción de que el PNV teme quedarse fuera de un posible plan de paz en el momento que llegue, aunque nadie se atreve a determinar calendarios. Al final, según este planteamiento, un proceso de paz lo gestiona el Gobierno central.

El Ejecutivo y el partido que lo sustenta insisten en que ese momento aún no ha llegado. "Nadie puede invocar el nombre del PSOE para decir que hay contactos con Batasuna, que es una organización ilegal. Sólo se podrá hablar con Batasuna cuando condene tajantemente el terrorismo", señaló José Blanco. Después, lo dijo de otras maneras. "Ni tengo información, ni me consta, ni he autorizado conversaciones con una organización ilegalizada", insistió.

También el ministro del Interior, José Antonio Alonso, se refirió a este asunto. "El lehendakari Ibarretxe no es quién para hablar en nombre del Gobierno español en esta cuestión ni en cualquier otra en el futuro", dijo ayer Alonso en Evian (Francia), donde participaba en la reunión del llamado G-5, que integra a los titulares de Interior de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. "El lehendakari no es quién para hablar en nombre del Gobierno español, como el Gobierno español no es quién para hablar en nombre del Gobierno vasco. ¡Faltaría más!", aseguró el ministro del Interior, informa José María Martí Font.

Alonso fue tajante respecto a las supuestas conversaciones de miembros del Ejecutivo con la ilegalizada Batasuna. "Batasuna es una organización ilegal. Con las organizaciones ilegales no hay nada de qué hablar", zanjó. El Gobierno español, añadió, "se expresa a través de sus miembros". Las afirmaciones de Ibarretxe, apuntó, deben tener su origen en alguna "estrategia", aunque aseguró desconocerla.

El ministro repitió la tesis del Gobierno, que exige a la organización terrorista ETA el "cese total, absoluto y definitivo de la violencia", e insistió en "el compromiso inquebrantable del Gobierno en la lucha contra el terrorismo utilizando todos los resortes del Estado de derecho".

La guerra del agua

El titular de Interior mantuvo anoche una primera reunión bilateral con el anfitrión de esta reunión del G5, Nicolas Sarkozy, con quien dijo haber establecido una "buena relación incipiente", y anunció que ambos se encontrarán en Madrid el próximo día 15.

También de lucha antiterrorista se continuó hablando en la ejecutiva del PSOE, en la que el presidente de este partido y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, lamentó la actitud del PP. Chaves advirtió a la ejecutiva de que no debían esperar "una actitud de colaboración del PP en la política antiterrorista", informan asistentes a la reunión.

También situó el fin del terrorismo como uno de los asuntos prioritarios para el futuro de España. No hubo tanto acuerdo cuando se habló del conflicto por el trasvase de agua a la Cuenca del Segura, excesivo para Castilla-La Mancha e insuficiente para el Gobierno de Murcia.

La responsable de Política Social de la ejecutiva, Matilde Valentín, que fue consejera en el gobierno de Castilla-La Mancha, defendió la tesis de esa comunidad frente a Soraya Rodríguez, titular de Desarrollo Rural de la ejecutiva, que reivindicó la posición del Gobierno central. Desde la perspectiva de la defensa de la política del agua como competencia del Gobierno de la nación se situó el madrileño Andrés Rojo.