Alcaldes y empresas bajo sospecha

Cinco gobiernos del PP en la provincia de Alicante están en el ojo del huracán por distintos escándalos, sobre todo de índole urbanística. En todos los casos hay procesos judiciales en marcha, dos de ellos bajo intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción. Estos últimos afectan a alcaldes históricos de la Vega Baja: el de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, denunciado por la oposición tras haber ganado 5,2 millones de euros en una operación inmobiliaria con una de las promotoras más potentes del municipio; y el de Orihuela, José Manuel Medina, con una investigación judicial en marcha tras el escándalo del interventor municipal, que estuvo varios días desaparecido antes de entregarse a la policía, autoinculparse de haberse quedado dinero e implicar a ediles populares en un puñado de irregularidades graves.

La capital alicantina lleva tres años lastrada por el escándalo de Mercalicante, el presunto desfalco de unos seis millones de euros en esta sociedad que preside el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Éste está imputado en la causa, como máximo responsable de esta firma que llegó a la quiebra téctica.

También el gobierno de La Vila Joisa, en la Marina Baixa, está bajo supervisión judicial por varios escándalos urbanísticos que encabeza el complejo hotelero Atrium Beach. El Ayuntamiento no paró la construcción de 11 plantas de más de ese hotel, lo que ha derivado en la sanción más alta impuesta a un promotor por el Consell: 12 millones de euros.

Benidorm no ha escapado a esta oleada. Su alcalde, Vicente Pérez Devesa, está imputado por amenazas -despidió a seis asesores socialistas tras negarse estos a que un pabellón deportivo llevara el nombre de Eduardo Zaplana-. Ayer, los socialistas de Benidorm pusieron el dedo en una nueva llaga; la investigación judicial de un fraude del IVA en un entramado de empresas que han facturado a Terrra Mítica y al Ayuntamiento. Los socialistas pidieron ayer a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación en marcha a varias adjudicaciones municipales de 180.300 euros por "unos trabajos que no se aplicaron".

En Castellón, además del caso Fabra, el alcalde de Vila-rea, Manuel Vilanova, se sentará el lunes en el banquillo acusado de prevaricación y delito ecológico por no hacer caso de reiteradas denuncias de unos vecinos sobre el exceso de ruido de una azulejera. En Valencia, la empresa de la Generalitat que se dedica a la construcción de colegios, Ciegsa, está también bajo sospecha después de que se quemase, presuntamente de manera intencionada, un almacén y fuese forzada la entrada en sus oficinas.