Palabras y bombas

EL COCHE BOMBA EXPLOSIONADO por ETA el 17 de junio en un aparcamiento del estadio de la Peineta -el tercero detonado en Madrid durante este año- ha sido un regalo envenenado a la candidatura de la ciudad para organizar los Juegos Olímpicos de 2012. Un comunicado de la banda difundido días antes reclamaba también la autoría de los atentados contra el aeropuerto de Zaragoza, el Valle de los Caídos y varias empresas que se habían negado a pagar la extorsión mafiosa del impuesto revolucionario. Esa crónica negra muestra que la banda terrorista conserva capacidad operativa, pese a la eficacia policial española y francesa. La ausencia de muertos desde hace dos años puede ser casual o deberse a la inexperiencia de los frustrados verdugos: los avisos de bomba, por lo demás, no siempre llegan a tiempo para despejar la zona afectada e impedir la catástrofe. La kale borroka vuelve a sembrar la violencia en los espacios públicos del País Vasco. Y la jactanciosa tregua concedida por ETA a los cargos electos sólo se propone abrir una brecha entre los políticos y la sociedad.

La ofensiva de la banda terrorista oscurece las perspectivas para un final dialogado de la violencia abiertas por la resolución del Congreso de los Diputados aprobada el 17 de mayo sin los votos del PP

Si la hermética opacidad de ETA no dificultase el correcto entendimiento de sus mensajes transmitidos a través de palabras o mediante bombas, cabría interpretar legítimamente esa cadena de atentados como una réplica negativa a la moción del Congreso del 17 de mayo que reabrió la perspectiva de un final dialogado entre los poderes del Estado y quienes abandonasen las armas. Si esa conclusión -digna de estudio- fuese cierta, los pronósticos sobre un inminente derrumbamiento de ETA quedarían en entredicho: la información reservada que el presidente del Gobierno maneja para apoyar esa hipótesis optimista puede estar mal analizada o ser el fruto de una intoxicación.

El PP acusa a Zapatero de haber resucitado un cadáver que Aznar había ya amortajado; esa falaz teoría, sin embargo, se compadece mal con los esfuerzos no menos insensatos de sus portavoces para atribuir a ETA la verdadera autoría del 11-M. La brutal embestida lanzada por las huestes de Rajoy contra la política antiterrorista de Zapatero -calificada de traición a los muertos- no apuntala ese improperio únicamente con la mencionada resolución del Congreso. Otros factores causales de esa imaginaria palingenesia de ETA -resucitada como un Lázaro demoníaco y asesino- serían los pactos del PSOE con fuerzas nacionalistas de Cataluña (ERC) y Galicia (BNG); la prudencia jurídica del Fiscal del Estado antes de interponer ante el Supremo una eventual demanda de ilegalización contra EHAK; la hipotética derogación, en la práctica, de la ley de partidos; la supuesta conculcación del Pacto Antiterrorista por Zapatero, y hasta una lamentable sentencia de la Audiencia Nacional -ajena a los deseos del Gobierno- sobre las organizaciones juveniles de ETA.

Los populares meten en el mismo saco -todos los gatos son pardos en la oscuridad conceptual- el final dialogado de la violencia (cuyo precedente es el trato dado a la sanguinaria ETA político-militar por el Gobierno de Calvo-Sotelo) y la negociación política entre las instituciones y la banda terrorista. Los recientes atentados parecen indicar que ETA ha hecho suya la interpretación del PP y emplea el lenguaje de las bombas para forzar una inimaginable mesa negociadora entre un Estado de derecho poseedor del monopolio legítimo de la violencia y una organización que la practica criminalmente. El PP finge olvidar la entrevista formal mantenida en 1999 por representantes oficiales de Aznar con la cúpula de ETA para conseguir -sin éxito- un desarme dialogado. Con su desleal estrategia de trasladar al debate público esa delicada cuestión, han sido los populares, y no los socialistas, quienes han conculcado el Pacto por las Libertades firmado en diciembre de 2000 por ambos partidos para respaldar la política del Gobierno -cualquiera que fuese su color- sobre terrorismo y "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política y electoral" la lucha contra ETA.