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Editorial:

Seguridad nuclear

El incidente de la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) no debe repetirse. En un texto conjunto, los principales grupos parlamentarios (PSOE, PP, CiU y PNV) han calificado el suceso como "el más grave desde el incendio de Vandellòs I, en 1989" y han constatado que hubo fallos tanto de la central y las empresas propietarias (Endesa e Iberdrola) como del propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Congreso debe ahora reconducir la situación.

El primer responsable es la central, que ignoró la corrosión de una tubería de refrigeración pese a tener informes sobre el proceso desde 1993; que detectó las primeras fugas en mayo de 2004 y no las comunicó al CSN y que en agosto de 2004 arrancó la central ocultando al CSN la degradación de la tubería paralela. La central puede alegar que no hubo peligro para la población ni el medio ambiente. Es cierto, pero insuficiente. Lo más preocupante es la cadena de ocultaciones que precedieron a la fuga y que continuaron tras el incidente.

Las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, han reaccionado casi un año después del incidente con una decisión sin precedentes: la destitución del director general de la nuclear y el relevo de otros dos altos cargos. La medida llega tarde y sólo después de que varios consejeros del CSN lo pidieran públicamente. Con anterioridad, la central siempre minimizó el suceso, informó con retraso y mal al CSN y a la población y acusó de alarmismo a los críticos. Y todo por una reparación que ha costado 53.000 euros.

Pero también ha fallado el CSN, el organismo al que los españoles fían su seguridad frente a la energía atómica. Aparte de que los sucesivos inspectores destinados a la planta no descubrieron la corrosión, el propio organismo mostró su inseguridad al calificar inicialmente el suceso como nivel cero (en una escala de cero a siete) para luego tenerlo que elevar dos veces en nueve meses (hasta el nivel dos). Entretanto ha emitido una sucesión de informes que aumentaban progresivamente el tono crítico con la central. Y con el CSN ha fallado su cúpula, y en especial su presidenta, María Teresa Estevan Bolea. Ésta descalificó el informe de sus técnicos ante el Congreso, intentó inculpar a otros consejeros, denunció una campaña contra ella para cerrar las nucleares y envió un informe maquillado al Congreso y al Gobierno sobre el incidente.

El Consejo de Seguridad Nuclear debe permanecer al margen de las peleas políticas. Estevan Bolea ha conseguido tener al resto de consejeros en contra, hasta el punto de que han dimitido de todas las comisiones. Y si no logra aunar a sus colegas, no debe permanecer en un organismo tan sensible y vital. El Congreso debe abordar hoy las conclusiones de la ponencia que durante tres meses ha escuchado a técnicos, miembros del CSN, responsables de la central y ecologistas. Si los diputados quieren que el CSN recupere su credibilidad, deberían dar un paso más y depurar responsabilidades en un organismo cuya composición depende precisamente del Parlamento y que ha de rendir cuentas, entre otras cosas, por los despropósitos cometidos en el caso de Vandellòs.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de junio de 2005