El pacto de gobierno en Euskadi mantiene la apuesta soberanista

Los tres partidos del Gobierno vasco (PNV, EA y EB) firmaron ayer ante el lehendakari, Juan José Ibarretxe, su pacto programático para la nueva legislatura. El acuerdo de la coalición mantiene los principios de la apuesta soberanista de Ibarretxe, incluidos el derecho de autodeterminación y su ejercicio en una consulta durante este mandato. Los consejeros juran hoy sus cargos y el nuevo Ejecutivo celebrará su primera reunión.

Los presidentes del PNV, Josu Jon Imaz; y EA, Begoña Errazti, y el coordinador general de EB, Javier Madrazo, rubricaron el texto en Ajuria Enea (sede de la presidencia vasca) y en presencia de Ibarretxe. El pacto, plasmado en un texto de 64 folios, mantiene todos los principios de la apuesta soberanista que presidió la legislatura anterior y reitera que el plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento vasco y rechazado por el Congreso, "contiene, junto con otras [propuestas], bases importantes para alcanzar un acuerdo de normalización política".

Ibarretxe confió en que se abra un proceso de conversaciones, en referencia a la mesa de partidos "sin exclusiones" que propuso en su investidura, mientras que Imaz quiso disipar dudas al negar que se trate de un pacto "provisional" y afirmar que será "para cuatro años".

El acuerdo establece la paz y la normalización política y el progreso social como sus grandes ejes de actuación, basados en dos principios: respeto a los derechos humanos y las libertades civiles y políticas y respeto a la voluntad y decisión de los vascos. Éstos son sus principales apartados:

- Negociar y decidir. La que se ha abierto será "una legislatura para el diálogo y la negociación, para el acuerdo y para la decisión". Ésta última se traducirá en una consulta popular, previa autorización del Parlamento autónomo, que deberá certificar que se dan las condiciones de ausencia de violencia y no exclusión de ninguna fuerza política y establecerá el modo de incorporar lo decidido al ordenamiento jurídico. El tripartito impulsará antes un diálogo, cuyos instrumentos y procedimientos consensuará, para lograr un acuerdo sobre estos asuntos: reconocimiento del pueblo vasco como sujeto de decisión, territorialidad, derecho a decidir y pacto bilateral con el Estado.

- Paz y normalización. Los tres partidos definen como principios compartidos el rechazo a todas las manifestaciones de violencia e instan a ETA a que manifieste "de forma inequívoca" su voluntad de acabar con ella. Apuestan por el diálogo y la negociación "sin exclusiones", para lo que propugnan derogar la ley de Partidos. Defienden la negociación entre el Estado y ETA y el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro, entendido "en conformidad con el derecho de autodeterminación aprobado en el Parlamento vasco en 1990". "Instamos al Estado a respetar las decisiones adoptadas libre y democráticamente por la sociedad vasca", reza el texto. El Acuerdo de Normalización al que aspiran se expresará "en un modelo concreto de autogobierno político y de construcción social de Euskadi y en un marco jurídico de relación con Estado español".

- Derechos humanos y libertades. El acuerdo exige a ETA una tregua y al Estado medidas de "distensión" para lograr el fin definitivo de la violencia. Las víctimas son "parte esencial" para la pacificación, por lo que promete potenciar su atención y dejarlas al margen de las disputas partidistas. El tripartito volverá a intentar la creación de un Observatorio de Derechos Humanos ya prometido en el mandato anterior.

El acuerdo exige la revisión de la política penitenciaria y el acercamiento de presos etarras, así como el respeto a sus derechos y ayudas para su asistencia humanitaria, social, sanitaria y jurídica. A los detenidos no se les aplicará la incomunicación, salvo decisión judicial, y se denunciará el maltrato y la tortura. Exige la derogación de la Ley de Partidos y el sobreseimiento de causas pendientes a medios de comunicación.

- Justicia y seguridad. Reclama un consejo vasco del Poder Judicial y la transferencia de las prisiones y plantea una política de seguridad basada en la coordinación con otros cuerpos policiales, la incorporación a Schengen y otros foros europeos y el incremento de medios para atajar la violencia contra las mujeres, la delincuencia informática y el crimen organizado.