La Plana no tratará la basura si el Consell no paga 8,5 millones que debe

La paralización del tratamiento de los residuos sólidos urbanos de ocho municipios de La Plana, entre los que se encuentran algunos de los más grandes, incluida la capital, está pendiente de un hilo. La subsistencia de Reciplasa, la sociedad formada para la construcción de las instalaciones necesarias para dicho tratamiento, depende de que el Consell pague la deuda contraída con esta sociedad, de 8,5 millones de euros.

La sociedad procesa en sus instalaciones los residuos de 310.000 habitantes

El consejo de administración de Reciplasa, formado por cinco alcaldes del PP, un independiente que gobierna con el PP y dos representantes socialistas, se reunió ayer en sesión extraordinaria para trasladar al Consell el acuerdo por el que se le urge a hacer efectivo el pago. Además, los ayuntamientos debatirán y aprobarán mociones al objeto de que sean también los consistorios, además de la sociedad pública, los que eleven la petición al Gobierno valenciano. El presidente de la sociedad y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, mostró ayer su confianza en que la Generalitat se comprometa en breve a saldar la deuda.

El acuerdo consensuado por los consejeros indica que el pago es "el único camino para evitar el colapso de la sociedad y, en consecuencia, la paralización del tratamiento de los residuos sólidos urbanos de los municipios socios de la sociedad", que concentran una población de 310.000 habitantes.

El texto recuerda cómo se constituyó la sociedad en 1994 para la construcción de una estación de transferencia de residuos en Almassora para recibir, compactar y transportar los residuos procedentes de Castellón, Almassora, Benicàssim, Vila-real y Burriana, y una planta de reciclado y compostaje con vertedero de rechazos en el término de Onda, a donde llegan los residuos de la estación de transferencia y los que vierten, directamente, Onda, Betxí y L'Alcora. El acuerdo recuerda también cómo poco después de la inauguración de las instalaciones, en 1998, el entonces consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellà, aseguró que las instalaciones contarían con una subvención procedente de fondos europeos y de fondos de la propia Generalitat Valenciana. Esa ayuda se concretó después con la firma de un acuerdo con el Consell, en 1999, para avalar, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, dos pólizas de crédito solicitadas por Reciplasa, por un total de 13 millones de euros, para financiar la construcción de las dos plantas. Antes de finalizar ese mismo año, la sociedad pública redujo el montante de las pólizas en 4,8 millones de euros, con la aportación del adjudicatario de la explotación de las plantas. Así, las pólizas quedaron constituidas como "financiación puente" a la espera de la concesión de la ayuda de la Generalitat fijada en el 70% de la inversión realizada y certificada por la Administración autonómica como fondos finalistas (Feder). Según fuentes de la sociedad, la Generalitat ya ha recibido el dinero de Europa.

El problema tiene un plazo muy determinado, ya que uno de los dos bancos con los que suscribieron las pólizas ha anunciado que es la última vez que prorroga la operación de crédito concedida, con lo que, en diciembre de este mismo año "Reciplasa se encontrará ante una delicada situación financiera y, como ya viene indicando el auditor de cuentas, la continuidad de las operaciones se verá gravemente afectada".