Repetir la ley

Ya nos avisó repetidamente Jeremías Bentham en su Nomografía de los graves y conflictivos males que pueden viciar irremisiblemente el proceso legislativo y de los remedios que los podrían conjurar, pero en su catálogo, que él presumía exhaustivo, no se enumeraba ningún vicio para el que se recetara como remedio repetir la ley. Al parecer se trata de un vicio nuevo contra el que carecemos de antídoto, lo que es una lástima porque ese vicio no catalogado acaba de ponerse de manifiesto en el Proyecto de Ley de Reformas para el impulso a la productividad, que está siendo objeto de debate en el Congreso de los Diputados.

Síntomas inequívocos de que hubo algún vicio saltan a la vista cuando adviertes de que este Proyecto de ley reproduce con iguales o similares palabras mandatos que ya fueron refrendados y promulgados hace tres años por otra ley, la Ley 24/01 de 24 de diciembre. Esta ley, llamada de medidas fiscales, administrativas y de orden social fue promulgada a propuesta del que fuera Ministro de Economía Rodrigo Rato, quien pretendió establecer tibias medidas liberalizadoras en beneficio de los consumidores en las instituciones que sirven la seguridad jurídica preventiva, notarios y registradores. Acortaba plazos, simplificaba actuaciones, depuraba los derechos de la ciudadanía, y lo que es más importante reajustaba esas instituciones seculares a algo tan esencial como es el principio constitucional de división de poderes. Por primera vez preponderaba la idea de que notarías y registros son servicios públicos y por primera vez se reconocía al consumidor el papel de protagonista que la Constitución le asigna.

El poder de las Cortes, que representan la soberanía popular, la única soberanía del Estado, no es absoluto

Las organizaciones políticas están obligadas a mantenerse alerta para resistir presiones de grupos banderizos

Y debe ser irreversible el vicio que aquejaba a aquella ley de 2001 para que a los tres años de vigencia el Gobierno, un gobierno socialista, es decir de signo distinto del que la promovió, tenga que solicitar de la Cámara un nuevo refrendo de los mismos mandatos.

Pero cuando se empieza a escarbar en los entresijos de la maraña legislativa buscando el vicio que la malogró, se advierte que Bentham no pudo describirlo porque el vicio no es congénito sino sobrevenido, es decir la ley nació bien pero se frustró después. Lo malo es que quizá sea peor, porque a cambio de salvar el honor de Bentham, llegamos a la descorazonadora conclusión de que el poder de las Cortes generales que representan a la soberanía popular, a la única soberanía del Estado, no es absoluta, porque la larga mano de los lobbys y cabildeos de las camarillas de los dos vicepresidentes puede malograr mandatos legales.

Sabido es que Romanones prefería hacerse cargo de las disposiciones de rango inferior y la historia demuestra que funcionarios enfurruñados pueden si son monopolistas agarrarse al clavo ardiendo de cualquier ordenanza para convocar una asonada capaz de llenar de minas una reforma legislativa. Lamentable es que las democracias carezcan de resortes automáticos para neutralizar la acción paralizante de los ejecutores de la norma y para vencer la resistencia de los obligados a cumplir sus mandatos. Pero lo cierto es que algunas acciones negativas como omitir el dictado de un reglamento o de una disposición menor pero imprescindible para que la ley inicie su marcha, y otras acciones positivas convirtieron en cenizas muchos de los mandatos de aquella ley. Intercalar algún precepto en la Ley de Acompañamiento, tramitar con urgencia algún humilde Decreto promulgándolo en agosto para que pase desapercibido, o dictar una triste Instrucción intencionadamente ambigua que dota de salvoconducto penal a la posición rebelde, pueden ser armas que hábilmente engarzadas en una trama de influencias pueden desgraciadamente abatir una ley.

Ahora otro Gobierno, convencido de la bondad del proyecto, somete la ley a nuevo refrendo. Antes fue el PP a propuesta del Vicepresidente Rodrigo Rato. Ahora es el PSOE el que abunda en los mismos objetivos. Parece que la mayoría de la Cámara entendió bien dónde estaba el interés general. Además, la cuestión de fondo es tan claramente beneficiosa para el ciudadano que casi salen los rubores al aclararla: se trata de evitar la duplicidad en la calificación de los poderes, de reducir plazos, de simplificar recursos, de obligar a estos funcionarios a atenerse, como todos los demás, a las resoluciones del Ministerio de Justicia y de prohibirles que recurran ante los Tribunales las decisiones de su superior jerárquico cuando revoca sus calificaciones. Pero ¿será suficiente?

Todo parece claro. Y, sin embargo, te invade de nuevo la zozobra cuando adviertes de que este mismo Partido Popular que en su día promulgó y votó la Ley 24/01 hoy, en una componenda contra natura con Esquerra Republicana, propone enmiendas indecorosas en contra de la ley. Alegan cosas tan peregrinas como que simplificar trámites o reducir plazos rompe con la filosofía de la eficiencia tradicional en los registros. No se ruborizan al pedir exención de responsabilidad por los errores que contenga la información registral que proporcionen, y en un rapto de ofuscación piden convergencia con Europa al tiempo que afirman que acatar las resoluciones de su superior jerárquico socava la independencia del registrador.

¿Qué se ha hecho del principio constitucional de jerarquía? ¿Dónde queda el principio de división de poderes que encierra a lo registral en el ámbito administrativo, recordando con ello que los Registros no son estaciones para impartir justicia, que para eso están los tribunales, sino instituciones administrativas para ordenar y facilitar el tráfico, como lo demuestra el hecho de que su turbina no sea la equidistribución de intereses sino el orden en el tráfico que en aras del mercado llega a justificar algo tan injusto como son las adquisiciones hechas a quien no es el verdadero dueño?

Es desde luego una situación política paradójica e incoherente. Un gobierno socialista insistiendo sobre lo que antes promovió el Partido Popular, y una fracción de este partido apoyada en su antónimo Esquerra Republicana acaudillando su rechazo. Debería ser suficiente para todos recordar que los dos partidos mayoritarios, cuando han tenido la responsabilidad de gobernar, han coincidido en el diagnóstico de dónde están los intereses generales.

Porque está en lo cierto Philip Pettit cuando en su obra Republicanismo nos avisa de que todas las organizaciones políticas, aun las acreditadas con todas las evidencias democráticas, están obligadas a mantenerse alerta para resistir las presiones de lobbys y grupos banderizos y para atajar de raíz los primeros síntomas de arbitrismo que suelen aparecer periódicamente en el punto más impensado de la pirámide del Estado. En esta línea tienen razón los que aconsejan una depuración continuada de la calidad democrática de las instituciones, labor que es especialmente necesaria en democracias que como la nuestra han tenido que desenvolverse entre mecanismos ideados por regímenes políticos autocráticos cuya larga duración suele crear en los ciudadanos y hasta en algunos políticos anticuerpos que embotan su sensibilidad impidiéndoles distinguir el alcance democrático o banderizo de algunas reformas legales.

José Aristónico García es notario.