El Defensor exige el cierre de un centro de menores en Canarias

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha pedido "de manera inmediata" el cierre del centro de internamiento de menores de Gáldar, en Gran Canaria. A juicio de la institución, los internos "no disponen de buena parte de los derechos que para ellos reconoce la ley". Ésta es una de las conclusiones del informe elaborado por los asesores del Defensor que han visitado las islas.

Cava de Llano señala que el centro de Gáldar es, "con diferencia, el que peores instalaciones presenta" de los cuatro existentes en Canarias. Denuncia su situación, "junto a una granja avícola y un depósito público de vehículos", su "estructura penitenciaria", su "deficiente estado de conservación y limpieza" y el excesivo número de internos: "Fue diseñado inicialmente para 24 menores, se amplió a 36 y alberga el día de la visita a 41, aunque ha llegado a tener hasta 44".

El informe califica de "especialmente graves" las condiciones de salubridad: "Las filtraciones en los baños y la existencia de malos olores (...). En algunas habitaciones, de los cuatro menores que las ocupan, uno de ellos debe instalar cada noche el colchón en el suelo para poder dormir".

Estos centros dependen de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma. A ella se dirige el Defensor del Pueblo al señalar que es "especialmente urgente" la "creación de algún centro en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para evitar que los menores de esas islas tengan que ser internados fuera de las mismas".

Además del centro de Gáldar, los asesores del Defensor del Pueblo visitaron la semana pasada los otros tres centros existentes en las islas: el de La Montañeta (también en Gran Canaria) y los de Mesa Ponte y Valle Tabares II (pertenecientes a Tenerife).

Aviso a los jueces

Respecto a este último, el informe señala que en este momento alberga a los menores que la semana anterior se encontraban en otros dos centros: Nivaria y Valle Tabares I. "Dado el estado que presentaban las habitaciones de Valle Tabares I", afirma, "parecen más que razonables las decisiones judiciales que acordaron el cierre de esos dos centros".

Sin embargo, el Defensor también reclama a la justicia que en el futuro "actúe con la eficacia que le es exigible de cara a sancionar aquellos comportamientos delictivos de carácter grave que cometen en el interior de los centros los mayores de 18 años": "Existen una serie de delitos -incendios reconocidos, intentos de agresiones sexuales, lesiones graves ocasionadas de manera intencionada- que sucedieron hace unos meses en el anterior centro Tabares I, las cuales no han sido sancionadas todavía por la Administración de Justicia".

Sobre el centro de La Montañeta, situado en Gran Canaria, el informe denuncia, entre otras cosas, "los candados que se han instalado en la parte exterior de las puertas de las habitaciones de los menores para evitar que éstos puedan desencajarlas. Esos candados", prosigue, "pueden suponer un serio peligro en el caso de tener que abrir una puerta por una emergencia".