Un juez investiga el borrado de archivos de La Moncloa por el PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana, ha acordado incoar diligencias previas para aclarar si existió delito en el borrado de los archivos informáticos del palacio de la Moncloa antes de que el PP dejara el Gobierno tras perder las elecciones del 14 de marzo de 2004. Las diligencias han sido abiertas tras una denuncia del abogado murciano José Luis Mazón, que reclama que también se investigue quién copió documentos del 11-M del Ministerio del Interior.

La denuncia cita dos informaciones de EL PAÍS del 13 de diciembre de 2004, en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivas copias de seguridad en La Moncloa, mientras que en Interior se realizó un "volcado" de documentos relacionados con el 11-M, cuyo contenido fue publicado en libros meses después.

Mazón escribe en su denuncia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia ante la comisión del 11-M, "ratificó la citada información", al señalar que los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad, fueron destruidos en los días posteriores a la matanza.

El denunciante afirma que, aunque Zapatero manifestara entonces que no pediría responsabilidades por estos hechos, "la aplicación del Código Penal en un Estado de derecho no está sometida al principio de oportunidad". También entiende que "nadie, ni Gobierno ni Poder Judicial, puede otorgar dispensas penales que impidan la investigación de una conducta sospechosamente delictiva".

Quiere que declare Aznar

Mazón pide al juzgado que solicite sendos informes de Presidencia del Gobierno y del Ministerio del Interior sobre el borrado y copia, respectivamente, de la información, así como la identificación de quienes las ordenaron. En su defecto, "sugiere" al juez que llame a declarar como imputados "al jefe de la estructura", el ex presidente José María Aznar, y al representante de la empresa que hizo el borrado.

En un auto notificado anteayer el juez señala que, a pesar de "la ambigüedad de los hechos denunciados desde la perspectiva penal", ha decidido la incoación de las diligencias para darle traslado al fiscal a fin de que éste "informe sobre eventuales diligencias a practicar, así como posibles antecedentes procesales relativos a los mismos hechos".

Tras su comparecencia en la comisión del 11-M, Zapatero fue abordado por el diputado del PP Carlos Aragonés, mano derecha de Aznar en La Moncloa, quien le pidió explicaciones sobre su acusación de borrado. Aragonés dijo entonces que el PP también se encontró vacíos los archivos y que ninguna ley obliga a dejarlos al Gobierno entrante, máxime cuando muchos son personales.

Mazón cobró relevancia pública tras provocar el último enfrentamiento entre los tribunales Constitucional y Supremo. El Pleno de la Sala de lo Civil de esta última institución resolvió, en enero de 2004, una demanda de este letrado, condenando a 11 de los 12 magistrados del Constitucional a pagar cada uno 500 euros al abogado. El motivo fue la inadmisión arbitraria de un recurso del letrado que cuestionaba la designación "a dedo" de los letrados del Constitucional.