Justicia y modernidad

La Presidencia de un TSJ es una pieza clave en la organización judicial y particularmente, en el proceso de modernización del servicio público de Justicia en que está empeñada la sociedad andaluza.

Jueces para la Democracia (JpD) elaboró al efecto un documento con vistas a ser un programa de gobierno. Éste fue aprobado el pasado 24 de mayo en Antequera por las Secciones Territoriales de Andalucía y se ha dado a conocer estos días a través de los medios de comunicación. Básicamente incluye un apartado relativo a la crítica de la gestión llevada a cabo por el actual presidente, Augusto Méndez de Lugo, durante sus dos mandatos, y también un proyecto de trabajo fijando las líneas de actuación del presidente que resulte elegido en el próximo Pleno del CGPJ de 22 de junio.

Estoy convencida de que su aplicación es posible y permitirá la transformación del Poder Judicial en nuestra Comunidad Autónoma, avanzando hacia una Justicia más democrática, cercana al ciudadano y con una mayor participación de Jueces y Magistrados en su gobierno.

Consideramos que el presidente del TSJA ha de actuar con vocación de servicio público, capacidad de diálogo, tolerancia e independencia política, adquiriendo un compromiso con la realidad social a través de una imagen cercana, dialogante y acorde con los nuevos tiempos.

En esta línea nos referiremos a dos cuestiones de especial actualidad:

1. No puede pasar desapercibido el debate social existente sobre la descentralización judicial. En las distintas CC. AA. se han planteado propuestas de reforma de los Estatutos sobre la actualización del modelo de la Justicia a los nuevos tiempos.

Es evidente que mientras los poderes legislativo y ejecutivo funcionan con plena agilidad en el ámbito autonómico después de 25 años de proceso democrático, no ocurre lo propio con la descentralización judicial. Las propuestas que se vienen ofreciendo en los distintos territorios autonómicos son diversas en atención al grado de independencia que cada uno de ellos se confiere al Poder Judicial. Valgan como ejemplo las reivindicaciones del País Vasco y Cataluña que apuestan por Consejos de Justicia que implican el gobierno específico de la Justicia de la Comunidad Autónoma y la garantía de independencia respecto de los problemas concretos que se dan en su territorio.

En nuestra Comunidad Autónoma el debate parlamentario apenas se ha iniciado. Pero de lo que no cabe duda es que el nuevo estatuto no puede obviar la situación, desarrollo y realidad en el propio territorio.

Como punto de partida podemos afirmar que la división territorial del Poder del Estado de las Autonomías no afecta directamente al poder judicial, o al menos al núcleo del mismo reservado a la competencia estatal por el artículo 149.1, 5 CE. Las previsiones constitucionales de este precepto y las del artículo 122 de la Carta Magna impiden la existencia de órganos de gobierno del Poder Judicial desvinculados o independientes del CGPJ. Pero no excluyen que las potestades de gobierno del Poder Judicial se ejerzan de forma desconcentrada en aquellas materias que, por referirse al gobierno interno de Jueces y Magistrados puedan asumir las Salas de Gobierno, en todo caso subordinadas al CGPJ. Ahora bien; esta apuesta ha de ir más allá de la actual regulación y competencias de las Salas de Gobierno. Aunque no cabe duda de que el Presidente del TSJ, dentro de las atribuciones previstas en la LOPJ, puede favorecer el control democrático de estas Salas sin adoptar actitudes presidencialistas, sino potenciadoras de la actitud orgánica y colegiada del actual sistema, apostando por la creación de grupos de trabajo o comisiones especializadas y procurando la máxima transparencia en el funcionamiento interno y en sus resoluciones.

Estimamos que el sistema de elección de los miembros de la Sala de Gobierno ha de ser proporcional para garantizar la representación de las diferentes opciones de política judicial existentes en la Comunidad Autónoma y de los Magistrados y Jueces que ejercen su jurisdicción en el territorio. Incluso consideramos conveniente que estuvieran representados además otros profesionales implicados en la Administración de Justicia, tales como abogados, Fiscales, funcionarios y representantes de colectivos sociales profesionales. Todo ello sin que suponga la ampliación excesiva de sus miembros porque entonces no sería operativa: a lo sumo con 10 miembros y su presidente sería suficiente.

2. Por las razones que venimos exponiendo el presidente del TSJA no puede ser ajeno al conflicto protagonizado en los últimos meses por los funcionarios de Justicia de Andalucía. Son evidentes las disfunciones que en el normal funcionamiento de Juzgados y Tribunales se están produciendo en nuestro territorio junto con el deterioro de la imagen que se está proyectando a la sociedad. Consideramos preciso que desde la presidencia del TSJ se ejerza una labor de mediación entre los representantes sindicales y el gobierno autonómico, que, sin involucrarse en sus intereses y obligaciones, propugne el necesario acercamiento de posturas mediante el diálogo para evitar la crispación generalizada existente. No puede olvidarse que los funcionarios de los órganos judiciales en sus diferentes categorías constituyen el imprescindible soporte material y humano para que pueda ejercerse y mejorar el servicio público que la Justicia representa.

Lourdes Molina Romero es magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén y candidata a la Presidencia del TSJ de Andalucía