El PP tacha de "persecución política" la sanción de la Junta a un concejal de Nerja

La sanción que la Consejería de Obras Públicas ha impuesto a José Miguel Jimena, concejal del PP de Nerja, por parcelaciones urbanísticas ilegales en una finca de su propiedad ha desencadenado una nueva bronca política entre el PP y la Junta. La dirección popular de Málaga considera que el expediente es un acto de "persecución política" y se queja de que la Junta se haya subrogado competencias del Ayuntamiento de Nerja para sancionar al edil, algo que dice "no ocurre jamás en la historia con alcaldes del PSOE en ciudades donde se cometen ilegalidades urbanísticas".

El Ayuntamiento de Nerja ha recurrido en la vía de lo contencioso administrativo la resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que ésta se subrogó las competencias municipales para sancionar las irregularidades urbanísticas cometidas por una sociedad propiedad del concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena, y de su primo Roberto Morillo.

El alcalde de la localidad, José Alberto Armijo, dijo ayer que la subrogación sólo puede realizarse para sancionar actuaciones que no están amparadas por licencias, y que este no es el caso de la sociedad Paraje de Río Seco, que dispuso de permisos municipales para dos segregaciones de parcelas en el paraje del mismo nombre. "Como las licencias estaban dadas con los informes técnicos y jurídicos favorables, cuando la Junta nos requirió a que sancionáramos entendimos que en modo alguno podíamos intervenir porque habíamos actuado conforme a derecho", explicó el alcalde.

El expediente sancionador de la Junta se ha saldado con dos resoluciones. En una se multa a la sociedad Pago de Río Seco con 873.520 euros y en otra se ordena la demolición de las obras de infraestructura construidas en el paraje (carril de acceso asfaltado, y abastecimiento de agua y de electricidad). "No entiendo el expediente salvo en clave de persecución política, no tiene ni pies ni cabeza", dijo Armijo.

Discriminación

El presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, aseguró que se trata de "una persecución política inaguantable, insoportable, que no se atiene a ningún principio de legalidad". El diputado autonómico se quejó del trato discriminatorio que la consejería dispensa a los municipios en función del color político de sus alcaldes. "Si hay que tomar decisiones para escarmentar actuaciones urbanísticas ilegales, pues podemos asomarnos por Vélez Málaga y ver la cantidad de casas segregadas que sabemos todos que son ilegales, pero ¿esperan que alguna vez la Junta se subrogue competencias de este Ayuntamiento o del de Mijas?", dijo Ramírez. Ambas ciudades citadas por Ramírez están gobernadas por el PSOE, pero el presidente del PP no dio datos de estas presuntas ilegalidades.

El PP insiste en que la resolución por la que se sanciona a la sociedad Pago de Río Seco contiene datos que no son ciertos sobre las parcelaciones realizadas. "La consejera o no sabe lo que ha firmado o alguien le ha metido un gol, y si es así tendrá que poner orden en su casa y decirle algo a Ruiz Povedano [delegado de la consejería en Málaga] que se está pasando unos cuantos pueblos", dijo Armijo, quien añadió: "En un municipio como Nerja que actuamos de acuerdo a la legalidad no vamos a permitir que la consejería se cargue nuestra buena imagen".

José María Ruiz Povedano recordó al alcalde de Nerja y al presidente provincial del PP que "como responsables políticos y públicos que son deben defender la legalidad urbanística y no ampararse en falsas persecuciones políticas para justificar actuaciones irregulares".

El delegado insistió en que la actuación de la Junta respecto a Pago de Río Seco se ha limitado a "aplicar la ley", y negó como sostiene el PP que en el expediente se haya alterado la realidad porque las licencias eran para segregaciones individuales que en ningún caso podrían dar origen a un núcleo de población y en Pago de Río Seco hay ya ocho viviendas construidas.

Ruiz Povedano replicó las críticas de los dirigentes del PP y dijo que "hay pruebas más que fundadas de que la Junta actúa en municipios de todos los colores políticos que desgraciadamente son muchos donde constatamos que hay ilegalidades urbanísticas", y citó Estepona, Alcaucín y La Viñuela. Además recordó que en el caso del concejal de Nerja no se ha actuado contra un partido, sino contra un ciudadano que ha cometido una irregularidad grave y que tiene el añadido de ser concejal del PP.