ETA baja un escalón

En su segundo comunicado en tres días, ETA anunció ayer que suspende los atentados contra los políticos de los demás partidos. La razón aducida por la organización terrorista es que ha habido "cambios políticos", entre los que destaca la victoria de la izquierda abertzale frente a la "política de ilegalización" y el fracaso del Pacto Antiterrorista. Entra dentro de lo que cabe esperar de una organización terrorista que presente su retirada de uno de los frentes en que ejerce la violencia como una victoria. Sin embargo, la realidad es más bien la contraria.

Hasta mediados de los noventa, ETA mataba principalmente a policías y militares. Desde el asesinato de Gregorio Ordóñez, en 1995, casi un tercio del total de víctimas han sido políticos en activo, de acuerdo con la estrategia de "socialización del sufrimiento". En marzo de 2001, un activista declaraba al periódico La Repubblica: "ETA ha definido bien sus objetivos (...). Concejales del PP y del PSOE, por ejemplo, no caben dudas: son objetivos legítimos a eliminar".

A fines de 2002, ETA ampliaba la amenaza declarando "objetivos militares" a todas las sedes y actos políticos de ambos partidos. Ése fue uno de los principales argumentos políticos para la ilegalización de Batasuna: no era admisible que tuviera existencia legal y financiación pública un partido que formaba parte de una estructura (llámese KAS o MLNV) que consideraba legítimo asesinar a los miembros de las formaciones con las que competía electoralmente.

Por eso, tal vez esperan que si el brazo militar deja de matar (y de amenazar) a los políticos no nacionalistas se levante la prohibición que pesa sobre el brazo político. El comunicado justifica esos asesinatos en términos de insuperable cinismo: los responsables políticos "han recibido el mensaje" y ahora ya saben "los resultados de predicar la negación de Euskal Herria". Cuando dicen estar a la espera de una respuesta positiva de París y Madrid "a la voluntad que ETA ha demostrado" piensan seguramente en la legalización de Batasuna a cambio de esta tregua selectiva que el Gobierno y todas las formaciones políticas han coincidido en considerar insuficiente.

ETA lleva dos años sin conseguir matar, pero no sin actuar. La mayor parte de su actividad en los dos últimos años tuvo una motivación económica: relacionada con el turismo, la extorsión o lo que en su anterior comunicado llamaban "intereses españoles". Tal vez ETA piensa en un futuro a la irlandesa en el sentido de recuperar la legalidad del brazo político mientras el militar se dedica a prácticas mafiosas. Pero aunque sea en esos términos, si ETA se plantea abandonar la estrategia iniciada en 1995 no es porque haya fracasado el Pacto Antiterrorista, sino por lo contrario: porque la firmeza policial y judicial ha resultado eficaz para que los de Otegi duden si les conviene seguir uncidos a ETA. En todo caso, para valorar esta última iniciativa cuenta más el "cierre de un frente" que las razones con que lo justifiquen.

Sin embargo, no se dan todavía las condiciones planteadas por el Gobierno y el Parlamento para iniciar un diálogo. Ni siquiera se trata de una tregua como la de 1998. Seguramente es un intento de recuperar la iniciativa, emplazando al Gobierno a responder a cada gesto suyo con una contrapartida. Pero esa hipótesis la hizo imposible ETA al romper la tregua en 2000. Hasta los dirigentes del PNV más proclives a la negociación dedujeron de aquella experiencia que sólo ante un abandono definitivo de las armas podrían asumirse los riesgos de un proceso de diálogo. Si Otegi quiere ser legal tendrá que hacer comprender a ETA que la única desmilitarización pendiente es la suya.