ETA ha convertido los anuncios de tregua en otro elemento táctico

La organización terrorista ETA ha empleado durante su historia el recurso a decretar una tregua, ya sea total, ya sea limitada a algún frente -según su peculiar terminología-, como una forma más de lucha que interpreta plenamente integrada en su acción armada. Su intención ha sido, en una u otra ocasión, presionar a quien en ese momento ocupase el Gobierno español a sentarse a negociar aceptando sus postulados o implicar a los partidos nacionalistas para que se atasen a su apuesta por la independencia. Y, como corolario, las treguas daban a la banda un margen para reorganizar su dirección y sus comandos e incluso para surtirse de nuevas armas en el mercado internacional, como dejaron patente las detenciones y operaciones policiales que siguieron al fin de la última tregua indefinida, decretada por la banda en septiembre de 1998 y a la que ETA puso fin 14 meses después.

"Los periodos de tregua", ha dejado escrito la banda, "deben ser utilizados como instrumentos tácticos que desbloqueen o faciliten situaciones".

La nueva tregua parcial que la organización armada ha decretado con fecha del pasado 1 de junio, según el texto del comunicado que ayer publicaron los diarios Gara y Berria, llega en el que quizá sea el momento más débil de la historia de la banda, tanto operativa como políticamente. Y llega al mismo tiempo en que el Gobierno central ha reabierto una vía para buscar el fin de la violencia, siempre condicionada, eso sí, a que la banda acredite de forma fehaciente su voluntad de dejar las armas. El anuncio llega, además, cuando ETA ha cumplido el más largo periodo en democracia -dos años y un mes- sin cometer ningún asesinato, periodo en el que sus comandos han colocado cerca de 70 artefactos explosivos y han mantenido la extorsión a los empresarios que sirve para nutrir sus cuentas.

Argel

La banda deja de considerar como objetivos a los cargos electos del PSOE y el PP, los mismos que en los últimos diez años ha convertido en el centro de su estrategia para forzar a ambos partidos a claudicar a sus exigencias. Sin embargo, deja abierta la vía, como forma de presión, de atentar contra cualquier otro de los múltiples sectores sociales (militares, agentes de fuerzas de seguridad, jueces, periodistas...) que mantiene como objetivos.

ETA ha manejado las treguas como instrumento durante los últimos 17 años de sus más de cuatro décadas de actividad.

El 29 de enero de 1988, apenas seis meses después del atentado más sangriento cometido por la banda -el del Hipercor de Barcelona, que costó la vida a 21 personas y causó heridas de diversa gravedad a otras 45-, la banda ofreció al entonces Gobierno socialista una tregua "no superior" a dos meses si se reanudaban las conversaciones que llevaba cerca de un año entabladas en Argel. En ese momento, la banda, como ha hecho en otras treguas posteriores, quería igualar el alto a los atentados ("cesarían las ejecuciones", decía textualmente su comunicado) con la pretensión de que, en contrapartida, las Fuerzas de Seguridad no arrestasen a activistas.

El Gobierno de Felipe González no respondió a esa oferta y el frustrado proceso negociador de Argel se tiñó de otros anuncios de breves treguas o suspensión de actividades de los comandos: en febrero y en noviembre de 1988, prácticamente en el mismo plazo que permaneció secuestrado el empresario Emiliano Revilla, la banda ofreció en los mismos términos otros ceses de hostilidades por periodos de 60 días, que no fructificaron.

En enero de 1989, la banda declaró una tregua de dos semanas, en la que por vez primera no exigía contrapartidas, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones de Argel, que prorrogó a finales de ese mes (y también el 27 de marzo) hasta que el proceso abierto en la capital norteafricana se pudrió. La banda armada anunció el 4 de abril de ese año el fin del alto el fuego.

La caída de su dirección en Bidart, en marzo de 1992, uno de los mayores golpes que había recibido hasta la fecha, fue respondida por la organización, cuatro meses después, con una oferta de tregua de dos meses que permitiese abrir un proceso de contactos "en un país neutral" que desembocase en una negociación con el Gobierno. De nuevo, nada.

El empleo más acabado de la tregua táctica como estrategia etarra llegó en junio de 1996, cuando la banda recibió al primer Gobierno de José María Aznar -a quien había intentado asesinar un año antes- con una oferta de cese de atentados durante una semana mientras el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara ya estaba secuestrado.

Altos el fuego sectoriales

Su finalidad, reconocida después por ETA, era claramente hundir el Pacto de Ajuria Enea y lograr que el PNV y EA rompiesen "definitivamente sus amarras con el Estado español". Una negociación secreta fue la que en 1998 dio origen al pacto de unidad nacionalista de Lizarra, que se tradujo en septiembre de ese año en el más largo alto el fuego declarado por la banda en toda su historia. Durante ese plazo, el Gobierno de José María Aznar llegó incluso a enviar a tres representantes personales del presidente del Ejecutivo a negociar con la cúpula de la banda en Zúrich.

En noviembre de 1999, la banda decidió poner fin a ese plazo de suspensión de los atentados, al interpretar que el PNV y EA habían incumplido los compromisos que habían alcanzado con ella, acuerdos que las direcciones de los dos partidos nacionalistas democráticos siempre han negado, incluso cuando la banda desveló los documentos que ambas partes se cruzaron. Durante esos 14 meses, la banda rearmó a muchos de sus comandos, como las posteriores operaciones policiales -la organización terrorista volvió a matar en enero de 2000- pusieron de relieve.

En el medio quedan dos de las treguas sectoriales decididas por los terroristas. En noviembre de 1997, la banda anunciaba que suspendía "todas las acciones previstas" en lo que llamaba "el frente de las cárceles", es decir, los atentados contra funcionarios de prisiones, a instancias del sindicato nacionalista ELA. El psicólogo de la prisión donostiarra de Martutene, Francisco Javier Gómez Elósegui, militante de dicha central, había sido asesinado en marzo de ese mismo año. Ese particular alto el fuego duró hasta octubre de 2000, cuando una bomba lapa hizo saltar por los aires en Vitoria al funcionario de prisiones Máximo Casado.

El segundo alto el fuego sectorial fue desvelado por la propia banda en junio de 1998, cuando anunció el final de una tregua unilateral con la Ertzaintza que supuestamente había mantenido los seis meses anteriores. La policía vasca es ahora uno de los objetivos prioritarios de ETA.

Queda finalmente la última tregua, teóricamente aún en vigor, y limitada en este caso territorialmente. Es la que ETA decretó para Cataluña el 18 de febrero de 2004, en plena precampaña de las generales de ese año y un mes y medio después de que el líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, se hubiese entrevistado en Francia con una representación de la banda encabezada por su entonces número uno, Mikel Antza.