El precedente de los 'juicios rápidos' que sí funciona

"No puede ser que Barcelona tenga un modelo de justicia propio y que el resto de las ciudades no lo tengan". Esa afirmación, de muchas formas diferentes, se escuchó en las reuniones mantenidas por los negociadores de la Carta Municipal con técnicos del Ministerio de Justicia. Las conversaciones a propósito del modelo de la justicia de proximidad empezaron con una negativa rotunda. Uno de los frenos y prudencias está claro, y no es otro que la resistencia del poder judicial a dar cabida a órganos con jueces que no son de carrera. Todo parece indicar que el Gobierno central quiso evitar un incendio, sobre todo porque el texto debería haber pasado a informe por el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, tampoco es la primera vez que Barcelona toma la delantera en propuestas de justicia que han sido objeto de críticas. Ocurrió lo mismo con la implantación en 1992 de lo que se llamó juicios rápidos. Con la excusa de la celebración de los Juegos Olímpicos, se articuló un turno de cuatro juzgados de guardia -uno de incidencias y tres de detenidos- para celebrar las vistas de los delitos menores a los 15 días de cometidos éstos. El ánimo era intentar descargar los siempre sobresaturados juzgados de instrucción.

Finalmente, se consiguió el plácet del Gobierno central para reformar varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual posibilitó la creación de más juzgados. En principio, aquella reforma se hizo con la idea de que el sistema se implantaría en Madrid y también en Sevilla, ciudad que vivió durante cinco meses la Exposición Universal en 1992. La puesta en práctica fue desigual, muy contestada por múltiples sectores de la judicatura y el mundo del derecho. Aquel modelo sólo funcionó en Barcelona, la ciudad que lo promovió.