La presión vecinal gana la batalla urbanística

Ahora en Benigembla todos se preguntan qué es lo que va a pasar. Los 500 habitantes de este pequeño pueblo del interior de la Marina Alta, rodeado de montañas y campos cultivados, no están dispuestos a perder el sosiego y la tranquilidad de que gozan ahora. Todo comenzó un día en el que un rumor recorría puerta a puerta las casas de Benigembla, explicando que el alcalde, Aurelio Llinares, del Partido Popular, había firmado un convenio urbanístico con un grupo constructor, Ballester, para convertir huertos y montañas en zonas turístico residenciales con hoteles y campo de golf incluidos. Ante esta situación los vecinos decidieron acudir en masa al pleno para preguntar directamente al alcalde sobre la cuestión. Y aunque el munícipe negó en reiteradas ocasiones los hechos, asegurando que se trataba de comentarios infundados, la verdad salió a la luz: el ayuntamiento había suscrito, tras aprobarlo en pleno, un convenio con la constructora Coll de Rates, del grupo Ballester, que permitía a la mercantil ejecutar, con derecho preferente, diferentes programas con 150.000 metros de techo de aprovechamiento urbanístico en una superficie de aproximadamente un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable, que el Ayuntamiento recalificaría cuando se redactara el Plan General. A cambio, la promotora se comprometía a ceder al municipio 6 millones de metros cuadrados de su propiedad, situados en el término municipal de Benigembla y ubicados en suelo no urbanizable de protección forestal y 900.000 euros, a ingresar en las arcas municipales en tres plazos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los vecinos, sintiéndose engañados y estafados, acusaron a Llinares de haber malvendido el pueblo y haber actuado de mala fe con este asunto. Desde aquel día el interés ciudadano por el devenir político fue en aumento y los plenos se convirtieron en citas ineludibles, a las que acudían los vecinos abarrotando el salón, para solicitar la revocación del acuerdo con la promotora. Pasaban los meses y con ellos las promesas incumplidas de que el convenio urbanístico iba a ser anulado. El malestar vecinal crecía, y las voces de dimisión eran continas, incluso aparecieron pintadas en la fachada del Ayuntamiento y panfletos acusando al alcalde de Judas.

La presión vecinal obligó a la Corporación municipal a celebrar un pleno extraordinario en el que se acordó por unanimidad revocar el convenio firmado con la mercantil Coll de Rates y reunirse con la empresa para trasladarle la decisión tomada. Y aunque esa noche los vecinos se fueron algo más tranquilos a casa, después se supo que como el punto del orden del día no trataba la posible revocación del convenio, sino que el acuerdo surgió tras el debate, del que también participaron los vecinos, aquella decisión de revocación no era válida.

El malestar de la población se respiraba en el ambiente, los lugareños aseguraban sentirse estafados, engañados y burlados. "Desde el principio el Ayuntamiento no ha dicho las cosas claras, lo ha hecho todo con nocturnidad y alevosía" comenta un vecino, "en un pueblo tan pequeño como este, donde todos nos conocemos, se crea tensión".

La presión vecinal consiguió que aquellos gritos de dimisión fueran finalmente oídos, y 6 concejales (3 del PP y 3 del PSPV de los 7 ediles que forman la Corporación, incluido el alcalde) el jueves pasado firmaron un documento de renuncia a sus responsabilidades políticas. Ahora se buscan candidatos para el puesto. Ayer el secretario de organización del PP, Carlos Mazón, concedió un plazo de un mes para "reflexionar" y buscar una solución. Mazón lamentó que "una campaña orquestada por unos pocos acabe así".