Plan de emergencia de la Junta ante el colapso de los centros de menores extranjeros

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, dijo ayer que la Junta ha activado un plan de emergencia para cotrarrestar la "saturación" de los centros de acogida de menores extranjeros, al doble de su capacidad por la afluencia de inmigrantes. En su visita a Marruecos del pasado mes de marzo, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ya pidió al Gobierno magrebí que buscara mecanismos para devolver a los menores que cruzan ilegalmente el Estrecho porque algunos se escapan y generan consecuencias jurídicas.

Aunque sostuvo que por ahora los menores tienen los servicios mínimos y necesidades básicas cubiertas, Micaela Navarro hizo un llamamiento a la "colaboración" del Gobierno central y en especial de Marruecos, informa Efe.

"No podemos tener la puerta abierta porque llega un momento en que los recursos tienen también un límite", manifestó Navarro, quien precisó - sin la pretensión de "crear alarma", dijo- que no puede prestarse la misma atención ante llegadas planificadas que ante las "imprevisibles". La consejera dijo que en ocasiones ha sido necesario comprar camas y colchones un sábado.

En la actualidad, son 1.045 los menores extranjeros que están tutelados por la Junta. La Dirección General de Infancia y Familias ha activado un plan de emergencia para afrontar la situación, según explicó la directora de este departamento, Carmen Belinchón, antes de participar en el Congreso Extraordinario de la Asociación de Educación Infantil de Andalucía (Aceia), celebrado en Granada.

De los 22 supuestos menores llegados el viernes a las costas granadina, malagueña y almeriense en cuatro pateras con otras 174 personas más, la Junta ya ha confirmado que 15 de ellos son efectivamente menores de edad, mientras que a los restantes aún no se les ha practicado las pruebas oseométricas.

El plan de emergencia activado consiste en la prestación de un servicio de guardia diario de 24 horas desde los 265 centros de acogida públicos y concertados de Andalucía, que están alertados por si tuvieran que intervenir, explicó Belinchón.

La situación registrada el viernes obligó a establecer un mecanismo de coordinación entre los delegados provinciales de la Junta y el personal de los centros de acogida en previsión de cualquier emergencia, señaló la directora de Infancia y Familias.

En los cinco primeros meses del año, del 1 de enero al 31 de mayo, los centros andaluces han atendido a 1.058 menores extranjeros no acompañados, de los que 486 ya estaban acogidos y el resto se corresponden con últimos ingresos de inmigrantes llegados a las costas.

Esto supone, respecto al mismo periodo del año pasado, un incremento del 80% de la atención prestada, y del 72,8% en cuanto a los nuevos ingresos. Por provincias, del 1 de enero al 31 de mayo, los centros de Cádiz han registrado 149 ingresos de menores extranjeros frente a los 65 del mismo periodo del año anterior, seguidos de los de Granada (139 frente a 73 en 2004); Málaga (102 frente a 83); Almería (64 frente a 41); Sevilla (57 frente a 35); Córdoba (27 frente a 5); Huelva (24 frente a 12) y Jaén (20 frente a 13).

Junto al aumento de los ingresos, la Junta andaluza ha detectado una disminución de la edad de los menores llegados en patera, que son ahora en su mayoría de entre 11 y 14 años. Habitualmente, explicó Belinchón, el perfil del menor extranjero, en función del cual la comunidad autónoma tenía planificada una determinada intervención, era el de un magrebí. Si bien, de un tiempo a esta parte se está produciendo la llegada de inmigrantes que hablan dialectos como el bereber, lo que dificulta el entendimiento con el mediador cultural.

Pese a la advertencia de saturación de los recursos, la consejera de Igualdad y Bienestar Social recalcó que los servicios mínimos están cubiertos.

En su visita a Marruecos el pasado mes de marzo, el presidente de la Junta ya pidió al Gobierno marroquí que buscase mecanismos para devolver a los menores que cruzan ilegalmente el Estrecho porque los centros que los acogen estaban al borde del colapso y se generaban "problemas jurídicos".

Manuel Chaves le dijo al ministro del Interior, Mustapha Sahel, que se trata de un asunto que no puede esperar mucho: el exceso de demanda desborda la capacidad de la Administración autonómica y algunos menores se escapan, lo que genera consecuencias jurídicas.

Dos toques de atención

Según informó el propio Chaves, la respuesta de Sahel fue positiva, aunque no concretó en qué cauces está pensando el Gobierno marroquí para que los menores regresen. Hace menos de un mes el portavoz del Ejecutivo, Enrique Cervera, dijo que el presidente se había vuelto a poner en contacto con las autoridades marroquíes para pedir colaboración, tras una avalancha de menores a las costas andaluzas en expediciones clandestinas.

Según el documento de evaluación del Plan Integral de Inmigración de Andalucía, sólo un 2,5% (36) de los 1.425 menores que ingresaron en los centros en 2002 fueron devueltos a sus hogares. La legislación internacional y española únicamente permiten el retorno a sus países de los menores cuando existe certeza de que regresarán con las familias o ingresarán en centros especiales, un supuesto casi inviable en Marruecos porque carece de un red que garantice su protección.

La Junta calcula que la asistencia a menores extranjeros le cuesta unos 7,2 millones de euros al año, de ahí que haya reclamado en reiteradas ocasiones apoyo financiero a la Administración estatal y, en el último año, a la UE. En 2003, según datos facilitados por la Consejería de Gobernación, se realizaron 1.410 nuevas atenciones en centros de menores.

La llegada de inmigrantes con menos de 18 años a Andalucía no es nueva, pero en los últimos años ha estallado de tal modo que podría indicar una estrategia familiar detrás de la presencia cada vez más frecuente de menores entre el pasaje de las lanchas neumáticas que descargan inmigrantes en las playas andaluzas.