El Defensor del Menor insta a Aguirre a que prohíba a los colegios pedir donativos

El defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, insta a Educación, en su informe anual, a que "erradique" la práctica de que los centros educativos concertados de la Comunidad puedan pedir donativos a las familias que llevan a sus hijos a estos colegios. "Los pagos que en algunos centros concertados realizan las familias con hijos en edad de escolarización obligatoria, bajo la consideración de aportaciones voluntarias, podrían estar encubriendo la financiación de servicios cuya prestación debe ser gratuita", dice el informe, que llama a la administración educativa a prohibir esta práctica.

El Defensor del Menor entregó ayer a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, el informe anual que realiza esta institución. El defensor ha tramitado 1.287 expedientes en 2004, lo que supone un aumento del 13% respecto del año anterior. El 43% de ellos está referido a temas de educación y cultura. Según el defensor, Educación "está obligada a investigar y a erradicar" la petición de donativos por parte de centros educativos concertados, puesto que, según afirma en su informe, "más allá de cualquier otra consideración, suponen una barrera real para el acceso a los centros que las mantienen, de aquellas familias con menores recursos y una vulneración encubierta del principio de equidad".

La Consejería de Educación admitió la licitud de reclamar dinero a los padres por parte de los centros educativos, ante una denuncia de EL PAÍS sobre el colegio concertado J. H. Newman, que solicitaba un donativo de 5.000 euros a los padres que quisieran matricular a sus hijos en un colegio de próxima inauguración en la avenida de Guadalajara (San Blas).

La consejería matizó entonces que ninguna familia está obligada "a colaborar de ninguna forma con el centro". Y manifestó que "nunca, este tipo de peticiones interfiere en el proceso de admisión de alumnos, que debe ser conforme a los baremos establecidos por la consejería, y que, como siempre, se comprueban".

Otro de los problemas que el defensor considera como más acuciantes en su informe es el de la convivencia en los centros escolares. Según Núñez Morgades, "las quejas referidas a dificultades en esta materia se han incrementado drásticamente", coincidiendo con la atención prestada por los medios de comunicación a varios casos de acoso dentro de las aulas.

Un 40% más

En 2004, las quejas referidas al acoso escolar se incrementaron un 40% respecto a 2003. El Defensor del Menor ha realizado una serie de consideraciones y propuestas para atajar este problema. Núñez Morgades propone la elaboración y aplicación de un protocolo-guía de actuación por parte de los centros y de todos los profesionales, ante la presencia de cualquier conducta de acoso. También insta a que se implanten líneas telefónicas accesibles a cualquier menor o familia, direcciones de correo electrónico y páginas web, con información y materiales al respecto, en estrecha relación con el Servicio de Inspección Educativa.

Así mismo, el defensor pide a Educación que ponga en marcha planes específicos de formación del profesorado, a partir del análisis de las situaciones de maltrato, encaminados a la definición y puesta en marcha de planes de actuación.

Además, afirma que la política de Educación debe ir encaminada a que haya aulas con menos alumnos, donde la relación entre éstos y los profesores sea más estrecha y donde los alumnos se sientan valorados e involucrados en un proyecto.

En relación con las infraestructuras escolares, el Defensor del Menor manifiesta que las aulas provisionales, lo que ha sido calificado por PSOE e IU como "barracones" en los que se imparten clases, "tienen que obedecer a situaciones de urgencia por circunstancias imposibles de prever, y no a una práctica destinada a paliar la carencia de plazas escolares".

Un aspecto que preocupa de manera singular al defensor es la integración de los menores extranjeros, especialmente la situación en que están los no acompañados de un adulto que vienen a la Comunidad y que están en la calle, en malas condiciones y abocados a la delincuencia o el consumo de drogas. En la actualidad hay 322 de estos menores no acompañados tutelados (de origen magrebí), de los cuales, 293 están en acogimiento residencial y 29 en el centro de primera acogida. El 19% de los no acompañados tiene entre 10 y 13 años, un 34%, entre 14 y 15 y el 47% entre 15 y 18. Muchos de ellos no están, por múltiples motivos, en ninguno de los centros que hay en la Comunidad de Madrid.