Zapatero rechaza a última hora un acuerdo que le daba casi todo lo que pedía

José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió anoche con una maniobra de última hora, al rechazar un acuerdo sobre el marco presupuestario de la UE que había defendido hasta el último minuto y en el que había logrado casi todo lo que había pedido. El presidente del Gobierno adoptó esa posición tras ver que la posición del Reino Unido, sobre todo, hacía imposible el compromiso. Pero a medianoche la negociación se reabrió brevemente, después de haber sido considerada oficialmente fracasada, y Zapatero se declaró de inmediato dispuesto a reconsiderar su propio rechazo.

Estos hechos se desarrollaron entre las 21.00 horas, en que la cumbre se declaró fracasada, y la medianoche, cuando una oferta de reducción de gastos por los nuevos socios del Este relanzó los tratos. Media hora después, el fracaso era definitivo.

Zapatero ignoró, en su rueda de prensa, el argumento de si el rechazo final de la propuesta de la presidencia podía ser una maniobra para proteger adicionalmente al Gobierno de la crítica, anunciada por el PP, de que no había defendido bien los intereses españoles.

Aseguró, en cambio, que su decisión se debió a tres motivos concretos: que el marco propuesto no recogía suficientemente la necesidad de introducir la cohesión en las políticas de investigación y desarrollo; que la presidencia no se había esforzado suficientemente en constatar las posiciones de fondo de los distintos países y que el saldo neto resultante de la propuesta era muy bajo. Fuentes gubernamentales indicaron luego que se trataba de 4.738 millones de euros, frente a la aspiración española de lograr al menos 7.000 millones de euros. El PP había emplazado al Gobierno a obtener un mínimo de 12.000 millones.

En relación con la reconsideración del rechazo, después de que los países del Este ofrecieran sacrificios, Zapatero explicó que "en el caso de España, con más tiempo para seguir el debate, el acuerdo hubiera sido posible, y así lo dije", pero, añadió, "otros países dijeron que se había acabado el tiempo".

El presidente del Gobierno había pedido en la sesión plenaria de la mañana "un último esfuerzo" a sus colegas para cerrar un acuerdo que España necesita con urgencia, porque su aplazamiento puede hacer que la base estadística de la negociación se complique, al pasar a incluir datos de 2003, con la consecuencia de que más regiones españolas, entre ellas Galicia, perderían la condición de beneficiarias máximas de los fondos estructurales. Pero también consideró que la pérdida de ayudas comunitarias por valor de 30.000 millones de euros, que se deducía de las ofertas planteadas, era "inasumible" para España.

Prácticamente, ahí terminó la intervención en el debate de Zapatero, que, según la estrategia diseñada en la Moncloa, quedó en un segundo plano, a fin de centrar la atención en la solución ad hoc para España propuesta por el presidente de turno, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, sin implicarse en la polémica sobre las grandes cifras y los principios esenciales.

Zapatero no fue convocado por Juncker a los encuentros bilaterales, conocidos como el confesionario. Su voluntad política estaba fuera de duda, e incluso su disposición al acuerdo sobre las líneas ya trazadas por la presidencia era evidente.

La negociación entre España y la Unión durante la jornada fue llevada directamente por los técnicos, que plantearon a la presidencia dos demandas concretas: la ampliación a cuatro años, en vez de los dos previstos, para la salida del Fondo de Cohesión y la equiparación de Canarias con Madeira a efectos de la salida de los fondos estructurales.

La primera de estas peticiones, la más importante, se concretaba en que España recibiera entre 2007 y 2010 del Fondo de Cohesión otros 1.000 millones de euros, adicionales a los 2.000 millones ya incluidos en la oferta presidencial, a pesar de haber superado el 90% de la renta media comunitaria que marca el umbral que da derecho a estas ayudas. Una nueva propuesta de la presidencia concedió, hacia las 23.00 horas, los dos años adicionales y una suma de 800 millones de euros.

La propuesta de Juncker otorgó también 100 millones de euros más para Canarias y elevó su compensación como región ultraperiférica de 20 a 30 euros por habitante y año. Además, introdujo más fondos para el desarrollo rural y elevó, en general, los techos de gasto en solidaridad y otros conceptos.

Sin estos retoques, Alberto Navarro, secretario de Estado para Asuntos Europeos, había calculado por la mañana que España seguiría recibiendo unos 70.000 millones de euros de la Unión durante el próximo septenio. La cifra es inferior en unos 30.000 millones a la del septenio precedente.

Fuentes gubernamentales destacaban ayer que, pese a la drástica rebaja que los nuevos presupuestos implicarán necesariamente, como consecuencia del desarrollo económico español, además de la entrada de nuevos socios más pobres y de la resistencia de los ricos a seguir contribuyendo, España seguiría siendo la primera destinataria del gasto europeo entre los 15 países que integraban la Unión hasta el 1 de mayo de 2004, y la segunda beneficiaria, tras Polonia, si se mira la Europa de 25 miembros. También subrayaron que será el tercer país más beneficiado por la PAC, tras Francia y Alemania, e inmediatamente delante de Italia y del Reino Unido, que destaca en esta clasificación, pese a su negativa a renunciar al cheque.

A las 21.30 horas, antes de conocer las mejoras contenidas en la última propuesta de la Comisión, la delegación española no hacía más que lamentar que la resistencia británica hiciera fracasar el acuerdo. Hora y media más tarde, después de que Juncker proclamara el fracaso de la cumbre, se supo que España había sumado su voto negativo al del Reino Unido, Holanda, Suecia y otros países ricos.