Carretero insiste en incumplir el Pacto del Tinell y afirma que no se traspasarán las oficinas de Bienestar Social

Cambio de papeles en el Parlament. El Partit dels Socialistes fue ayer el que instó al tripartito a cumplir el Pacto del Tinell y exigió al Departamento de Bienestar y Familia, controlado por Esquerra Republicana, que traspase a los ayuntamientos las oficinas de que dispone en 71 municipios de Cataluña. Pero las oficinas continuarán en manos de la Generalitat.

La consejera responsable, Anna Simó, evitó salir a la tribuna y le entregó el testigo a su compañero de filas y titular del Departamento de Gobernación, Joan Carretero, que optó por un ataque verbal, cargado de conminatorias advertencias, contra los socialistas. "Dejen de disparar contra el avión, porque en el avión ahora vamos nosotros", le espetó al parlamentario socialista y alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez.

Las intervenciones de Pérez y Carretero se asemejaron más a un rifirrafe entre oposición y Gobierno que a un debate entre dos socios que comparten responsabilidades en la Generalitat. El diputado socialista invitó a su colega de Ejecutivo a iniciar el proceso de traspaso de competencias a los organismos locales con las oficinas de Bienestar Social por un gesto de "higiene democrática" y evitar así "la tentación de que puedan seguir siendo utilizadas con unos criterios que no son de mayor eficacia y eficiencia".

Las "oficinas de Comas [en referencia al ex consejero convergente de Bienestar Social]", como las denominó ayer repetidamente Pérez, significaron un elemento de penetración de los nacionalistas en barrios dominados electoralmente por la izquierda, como no se cansaron de denunciar cuando estaban en la oposición las formaciones que ahora apoyan al tripartito. De esta forma, Pérez invitó a Carretero, y por extensión a Esquerra Republicana, a no caer en los mismos vicios y tics "que tenemos todos los partidos de utilizar de forma partidista las instituciones", admitió.

Pero los argumentos del parlamentario socialista, sustentados en el estricto cumplimiento de los pactos entre los partidos de izquierda, no convencieron a Carretero y sólo sirvieron para agriar el debate dentro de unas contenidas formas. El consejero de Gobernación, que ya ha tenido varios encontronazos con sus socios de Ejecutivo, exhortó a los socialistas a no mirar estas oficinas como un "objetivo militar" y salió en defensa de este servicio por "ser la ventanilla única de la Generalitat" en el territorio.

De momento, pues, las oficinas seguirán controladas por la consejera Anna Simó. El Departamento de Bienestar y Familia sólo se planteará su traspaso a los ayuntamientos, informó Carretero, cuando se haya aprobado el nuevo Estatut y la Generalitat disponga de más recursos financieros. Entonces se traspasarán las oficinas junto con las partidas presupuestarias.

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