Denuncia contra Yagüe por no hacer cumplir órdenes del TSJA

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia en los juzgados contra la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, por desobedecer las órdenes de paralización de obras dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); y una segunda contra el Jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo por "denegación de auxilio" al no asignar suficientes efectivos para que se cumplan los precintos de las construcciones ilegales ni constatar los incumplimientos. También se acusa a Yagüe de un delito de prevaricación por omisión.

Entre otras cosas el colectivo ecologista exige que como medidas cautelares el juzgado acuerde la interrupción del suministro de agua y electricidad de las obras ilegales, haga efectiva la paralización de las construcciones y tome declaración a los dos acusados. Según los ecologistas en respuesta a las paralizaciones la alcaldesa "se ha limitado para cubrirse las espaldas" a firmar un decreto, sin consecuencias prácticas, en el que pide a la Policía Local que instale el precinto ordenado por el TSJA y constate si este se rompe.

La abogada del colectivo, Inmaculada González, recordó a este respecto que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) recoge que en caso de desobedecer los precintos el Ayuntamiento puede suprimir el suministro, acordar la retirada de materiales y si la promotora persiste en desobedecer la suspensión de los trabajos imponer una multa coercitiva por el 10 % del valor de las obras ejecutadas. González aseguró que Yagüe ha incurrido también en un supuesto delito de prevaricación por omisión, al no adoptar las medidas legales mencionadas para garantizar las paralizaciones.

Permisividad

"Hay una voluntad por parte del Ayuntamiento de permitir esas construcciones ilegales en todos sus trámites hasta la finalización, y estamos viendo como se están concediendo licencias de ocupación de obras que han sido suspendidas por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", señaló la abogada, que consideró que todo responde a "un plan mucho más amplio". "Se aprueba el PGOU de 1998, se conceden licencias en base a este documento en connivencia con los promotores", añadió González.

Los ecologistas piden a Yagüe que instale efectivos suficientes para que se cumplan las resoluciones judiciales y que sancione a las empresas que infrinjan las paralizaciones. Esta denuncia se une a las 80 presentadas anteriormente por Ecologistas en Acción contra promotores que desobedecieron las paralizaciones acordadas por el Alto Tribunal andaluz.

Por otra parte, el Partido Popular exigió ayer a la alcaldesa que informe sobre el mantenimiento y los usuarios de las más de 743 líneas de teléfonos móviles que sostiene el consistorio marbellí con cargo a los presupuestos municipales, y que supone un gasto anual de 600.000 euros.