Archivada la denuncia del PP por la operación urbanística de Sanlúcar

La fiscalía de Sevilla ha dado carpetazo a la denuncia que el PP presentó contra el alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el socialista Juan Escámez, por una operación urbanística en este municipio en la que participaban dos sobrinos del ex presidente del Gobierno Felipe González. El fiscal entiende que el ayuntamiento cumplió los trámites legales exigidos y que no hubo trato de favor. Éste es uno de los asuntos en los que el PP basó su discurso de que en Andalucía hay "corrupción generalizada".

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Tarno y el secretario regional, Juan Ignacio Zoido, presentaron en abril una denuncia por esta operación urbanística ante la Fiscalía General del Estado, a la que pidieron la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Pocos días después, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, remitió el caso a la Fiscalía de Sevilla al considerar que ésta era la competente para analizar el caso.

El fiscal Arcadio Martínez ha cerrado el caso al entender que los hechos denunciados por el PP no están acreditados. Los populares sostenían que estos hechos podían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a los funcionarios. En su escrito, el PP denunciaba a Escámez, ex jefe del servicio de escoltas del presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a Germán Palomino, administrador de la empresa Disean y sobrino de Felipe González.

El caso surge después de que la empresa Disean comprase, en septiembre del año pasado, una finca de 1,5 hectáreas a dos hermanos, a los que pagó 781.314 euros. El informe del fiscal relata que desde que Escámez llegó a la alcaldía, en junio de 2003, intentó que en la finca, llamada Horcaperros, se construyesen viviendas de protección oficial ante la alta demanda que había en el municipio.Para aumentar el parque de viviendas de protección oficial en el municipio, Escámez advirtió a los propietarios que expropiaría el terreno en caso de que no lo urbanizasen o lo vendiesen para su urbanización.

Los propietarios, relata el fiscal, decidieron vender la finca a Disean tras recibir "múltiples ofertas". "En las conversaciones y negociaciones que realizaron los propietarios no recibieron presión ni indicación por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar para que se inclinaran por algún concreto comprador", añade el fiscal.

El informe sostiene, en contra de lo que decía el PP, que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor nunca había iniciado antes un expediente de expropiación sobre este terreno. Además, destaca que los servicios técnicos del Ayuntamiento habían valorado el terreno en 614.730 euros en marzo de 2002. "El precio de adquisición de la parcela, 781.314 euros, en el mes de noviembre de 2004 no está tan alejado, ni mucho menos, del valor otorgado" por los técnicos, añade el fiscal.

Tras adquirir la finca, Disean contactó con el Ayuntamiento para recalificar el terreno y aumentar la edificabilidad. De esta manera, se suscribió un convenio por el que Disean se comprometía a construir 112 viviendas de protección oficial, frente a las 60 previstas inicialmente.

En contraprestación por el crecimiento de la plusvalía, como consecuencia del aumento de la edificabilidad, Disean se comprometió a dar al Ayuntamiento de Sanlúcar 663.134 euros. "No ha quedado acreditado que el convenio logrado y su aprobación en pleno se deba a que por parte de Disean S.L. se supiese con anterioridad a la compra de la parcela que el Ayuntamiento llegaría al mencionado acuerdo", destaca el fiscal, que añade que tampoco se ha acreditado que el convenio "se lograse por la relación" de los hermanos Palomino "con el ex presidente del Gobierno".

Relación familiar

El fiscal abunda en el dato del parentesco de los sobrinos de Felipe González para descartar cualquier trato de favor. "La mera relación familiar de los responsables de Disean" con Felipe González "no basta para inferir que en las relaciones comerciales" de esta empresa "con los ayuntamientos gobernados por el PSOE" se pueda producir algún aprovechamiento. Frente a las acusaciones de pelotazo urbanístico que formuló el PP, el fiscal se muestra concluyente: "El convenio en absoluto puede considerarse como desproporcionadamente favorable para alguna de las partes".

Ricardo Tarno y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dejaron ayer abierta la posibilidad de denunciar ahora este caso en los tribunales. "Seguimos creyendo que la recalificación no ha sido nada clara", afirmó Tarno, quien puso de manifiesto su sorpresa por la decisión de la fiscalía.