El PP quiere que el Estatuto permita disolver la Asamblea

PP, PSOE e IU están de acuerdo en que ha llegado la hora de reformar el Estatuto de Autonomía, al igual que otras comunidades. En lo que aún no han acercado posiciones es sobre los aspectos que deben ser modificados. El PP, que ya anunció que pretendía que el Estatuto incluyese, entre otras modificaciones, la división de la región en 12 circunscripciones electorales y la asunción de las competencias sobre las estaciones de cercanías, ahora propone que el Estatuto madrileño incluya la posibilidad de disolver la Asamblea de Madrid antes del final de la legislatura.

La Comunidad de Madrid es una de las pocas que carece de la posibilidad de disolver la Asamblea regional antes de que acabe la legislatura. Esta competencia, hasta hace poco, sólo la tenían las comunidades históricas. Pero, poco a poco, fue asumida por la mayoría de las autonomías. "Creemos", afirman fuentes del Gobierno regional, "que ha llegado la hora de que Madrid pueda decidir, en caso de necesidad, la posibilidad de disolver el parlamento regional".

La disolución del Parlamento autónomo antes de que acabe una legislatura "se tomaría sólo en caso de grave crisis o ante la imposibilidad de gobernar por falta de la mayoría necesaria", indican desde el Gobierno regional.

El PP ya anunció en febrero pasado que quería tres nuevas competencias autonómicas para el Gobierno regional: el control y gestión de la mayoría de las estaciones de la red de Cercanías, la creación de una policía adscrita al Gobierno autonómico, y la división de la Comunidad de Madrid en 12 circunscripciones electorales.

Comisión tripartita

Pero estas modificaciones del Estatuto necesitan del apoyo de los grupos de la oposición para ser aprobadas por el pleno de la Asamblea, por lo que acordó crear una comisión tripartita con el fin de pactarlas (PSOE, PP e IU).

Por su parte, el PSOE recuerda que la reforma del Estatuto "no es esencial", aunque esta formación política se muestra dispuesta a debatirla. Le parece razonable la asunción de las competencias en Cercanías, pero no así la creación de una "policía castiza", como denomina sarcásticamente el intento de disponer de una policía adscrita (un grupo de policías nacionales y guardias civiles, cedidos por Interior, que dependerían funcionalmente de la Comunidad). En cuanto a la división de la región en circunscripciones, el PSOE recuerda que IU está en contra, pero tampoco cierran la puerta a esta posibilidad.

Por su parte, un portavoz de IU recordó que la Ejecutiva de esta formación se reunió ayer y acordó apoyar una reforma del Estatuto que sea "transparente, participativa y que cuente con consenso social". IU mantiene que la Comunidad debe "asumir competencias al máximo nivel, dando prioridad absoluta a los derechos de la ciudadanía y al municipio como elemento básico del sistema institucional".

Izquierda Unida apoya que el nuevo Estatuto incluya "servicios sociales universales, mayor participación ciudadana, nuevas competencias en infraestructuras y el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social". IU también sostiene que la reforma del Estatuto debe dar derecho de voto a los inmigrantes residentes legales.

Por su parte, el PP, de momento, rechaza que la modificación del Estatuto incluya la creación de una Agencia Tributaria al estilo de la que reclaman otras comunidades autónomas, como la catalana. "Creemos que no es necesario, pero en el caso de que todas las autonomías pidiesen una agencia tributaria propia, tendríamos que replantearnos nuestros planteamientos", aseguran fuentes gubernamentales.

El Partido Popular ha dado en los últimos meses un paso más en sus deseos de reformar el Estatuto. Si en febrero pasado, sólo pretendía asumir las competencias de las estaciones de la red de Cercanías, excepto las estaciones de Atocha y Chamartín de donde arrancan líneas nacionales e internacionales, el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere ahora "todas las competencias sobre esta red".

"No tiene mucho sentido que Metro esté extendiendo su red más allá de la capital y que ésta coincida en determinados puntos con la red de Cercanías sin que ambas estén interconectadas. Cuando Metro era una empresa que sólo abarcaba el término municipal de Madrid, no se producía esta situación. Pero Alberto Ruiz-Gallardón [ex presidente del Gobierno regional] decidió sacar el metro de la capital [en 1996] y ambas redes coinciden en muchas localidades. Sólo con la asunción de las competencias sobre Cercanías se podrían solucionar estos casos", según fuentes del Ejecutivo autonómico.

El PP avanza que ya tiene acabada la división en 12 circunscripciones. En cada circunscripción -con una población de entre 250.000 y 400.000 habitantes- se elegirían un máximo de 12 diputados y un mínimo de 9. El PP justifica este proyecto en que "ningún Parlamento del mundo con más de 120 diputados se elige en una única circunscripción".

El PSOE, que nunca ha apoyado esta nueva división electoral, no está completamente cerrado a estudiarla, mientras que IU se opone frontalmente a ella. Las razones son obvias: en las circunscripciones donde IU no obtuviese un 5% de los votos (previsiblemente en algunas de ellas), no lograría ni un solo diputado, lo que reduciría sus posibilidades de conseguir el suficiente número de escaños para tener grupo propio. Con el actual sistema de demarcación única, IU equilibra las zonas donde obtiene escasos resultados con los votos logrados en sus feudos.