Funcionarios de Justicia comienzan dos semanas de paros parciales
El TSJA resuelve hoy sobre los servicios mínimos, abusivos según los sindicatos
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Los 6.632 funcionarios de Justicia andaluces inician hoy dos semanas de paros parciales para reclamar la equiparación salarial y de condiciones con el resto de trabajadores de la Junta, en un conflicto cada vez más enconado. Durante la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha suspendido cautelarmente los servicios mínimos fijados por la Consejería, ha de decidir si se suspenden de forma definitiva. Los sindicatos creen que son abusivos, ya que llegan a multiplicar por nueve los de pasadas huelgas. El Gobierno regional ha convocado a las centrales a la primera mesa sectorial de negociación el próximo martes, en plenas movilizaciones.
La resolución recurrida por los sindicatos, con fecha de 9 de junio y publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, establece unos servicios mínimos claramente superiores a los de los últimos paros en el sector. Así, en las huelgas parciales entre el 30 de mayo y el 3 de junio, y las generales de los días 26 y 27 de abril, se acordó la presencia de un funcionario del cuerpo de auxilio por cada tres órganos judiciales donde estuviera prevista la celebración de juicio. La última resolución obliga a la presencia de un funcionario de cada cuerpo (auxilio, tramitación y gestión) por cada órgano judicial, tenga o no vista. Es decir, de un solo funcionario en tres juzgados a nueve.
Otra diferencia importante con las cuatro resoluciones anteriores es que se incluye, entre los servicios esenciales a garantizar, todas "las actuaciones de comparecencias y vistas ante Juzgados y Tribunales", y no sólo aquellas con presos o detenidos, algo que, según las centrales, se podría hacer, de ser necesario, fuera de las horas de paro, convocado de 10.00 a 13.00 hasta el 30 de junio.
Los sindicatos CSI-CSIF, SPJ-USO, UGT y CC OO consideran que estos servicios mínimos limitan el derecho constitucional a la huelga -en especial en cuerpos como el de auxilio, donde en muchos juzgados sólo hay un funcionario-, tras el seguimiento mayoritario de las últimas movilizaciones. El TSJA de Granada resolverá hoy el recurso de CSI-CSIF, presentado el lunes, y que alega la "lesión del derecho fundamental" a la huelga contenida en la Constitución. Además se pronunciará sobre el recurso de SPJ-USO, presentado ayer. UGT también recurrió ayer, aunque en Sevilla.
El martes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó un auto por el que requería a la Administración "para que se abstenga de ejecutar la resolución impugnada", como medida cautelar hasta que se pronuncie sobre su suspensión. En el mismo, convocaba a las partes a una vista, celebrada ayer a puerta cerrada, y en la cual, la Fiscalía manifestó que podía ser abusivo calificar como servicios esenciales todas las comparecencias y vistas, según el delegado de Justicia de CSI-CSIF en Granada, Francisco del Castillo.
Se plantea la duda sobre los servicios mínimos de hoy si el tribunal da la razón a las centrales, ya que unos nuevos servicios mínimos han de comunicarse a los trabajadores con una antelación de 24 horas. Castillo asegura además que la Junta ha incumplido la suspensión cautelar, ya que en algunas provincias, como en Granada, la delegación provincial notificó ayer los funcionarios designados para los servicios mínimos.
La Consejería de Justicia ha convocado a los sindicatos a una reunión el próximo martes 21. Por primera vez desde el inicio de conflicto, se trata de una "mesa sectorial de negociación", y no de mesas técnicas o de trabajo, en las cuales los representantes de la Junta no tienen capacidad de decisión. Las centrales critican que se haya convocado en plena huelga, como un intento de "desactivarla". Por su parte, la consejera, María José López, manifestó ayer en comparecencia parlamentaria que estaba "convencida" de que se logrará un acuerdo en esta reunión. López pidió el consenso de todos los grupos para pedir al Gobierno central la trasferencia plena de estos funcionarios, ya que aseguró que el conflicto no se habría producido si formasen parte de la Administración andaluza.
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