Ley contra el fuego

El aspecto más llamativo del anteproyecto de reforma de la Ley de Montes, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, es la prohibición de recalificar durante al menos 30 años el suelo de los montes afectados por incendios. La advertencia coincide con la peor sequía de los últimos 60 años, lo que hace presagiar un verano con muchos fuegos. Pero la reforma no entrará en vigor antes de finales de 2006.

De los 26 millones de hectáreas de bosque -el 51% de la superficie total- que hay en España, en los últimos 10 años se han quemado 1,6 millones de hectáreas, con unas pérdidas de unos 3.500 millones de euros. Dos terceras partes de esa superficie corresponde a terrenos de propiedad privada. Sin embargo, pocos incendios tienen actualmente motivaciones urbanísticas. Sencillamente, porque la fuerte reprobación social producida en los últimos años hace que hoy sea altamente improbable que ningún alcalde se atreva a recalificar un terreno quemado.

Durante la tramitación de la vigente Ley de Montes, en 2003, los socialistas plantearon incorporar ese plazo de 30 años, vigente en Madrid desde 1995, que no prosperó por la oposición de algunas comunidades que reivindicaron su competencia para establecer la normativa sobre recalificaciones. En Galicia existe una regulación que impide aprovechamientos de los terrenos quemados incluso para pastoreo. Son medidas que seguramente tienen un efecto disuasorio positivo respecto a ciertas prácticas frecuentes en el pasado, pero que no han impedido que sigan produciéndose muchos incendios todos los veranos.

Aproximadamente el 90% de los fuegos son provocados por negligencia o intencionadamente. Para hacer frente a los incendiarios la ley plantea crear una sección de la fiscalía expresamente dedicada a delitos relacionados con el medio ambiente, con secciones especializadas en los tribunales superiores de las autonomías. Un estudio realizado en Galicia en 2004 establece como causas principales las quemas autorizadas de rastrojos, entre los debidos a la negligencia, y la acción de pirómanos, entre los intencionados. Pero de los 10.000 procedimientos abiertos en los últimos tres años, sólo 30 han acabado con condenas.