Multa de 873.520 euros a la empresa de un edil del PP de Nerja por urbanizar suelo protegido

La Junta de Andalucía ha puesto una multa de 873.520 euros (más de 145 millones de pesetas) a la sociedad Pago de Río Seco, de la que es copropietario el concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena (PP), por realizar parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable protegido, en una zona rural que se ha convertido ya en una urbanización con ocho viviendas unifamiliares. La sociedad infractora deberá, además, demoler el vial de acceso y las conducciones de luz y abastecimiento de agua realizadas contra la ley, en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la sanción.

El artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que se considerará parcelación urbanística en terrenos catalogados de no urbanizable la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Las inspecciones realizadas por técnicos de la Consejería de Obras Públicas han constatado que así ha sido en este caso, al estar construidas ya ocho viviendas, un carril asfaltado de acceso, servicio de abastecimiento de agua y red eléctrica. También se ha hecho publicidad de venta o alquiler de las parcelas y viviendas, entre las que hay una distancia inferior a los 50 metros mínimos que estipula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el municipio de Nerja.

El suelo en cuestión está calificado de no urbanizable y de especial protección integral de cerros. Al tratarse de una infracción muy grave y penada con más de 500.000 euros de multa, la resolución del expediente iniciado en febrero de 2004 ha sido adoptada por la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.

Según el fallo, Pago de Río Seco realizó cinco segregaciones entre enero de 2001 y noviembre de 2003. Tres de ellas en una finca de 59.460 metros cuadrados que fue aportada al capital social de la entidad por el concejal José Miguel Jimena en mayo de 2001. Las otras dos se realizaron en otra finca contigua de 6.640 metros cuadrados que fue adquirida por el concejal y otros dos familiares socios de Pago de Río Seco en marzo de 1999.

Sólo fines agrícolas

Las parcelas segregadas, de algo más de 5.000 metros cuadrados, fueron puestas a la venta, y según las alegaciones que Jimena presentó en abril contra el expediente sancionador, la sociedad Pago de Río Seco sólo es propietaria ya de dos viviendas.

La LOUA solo permite segregar y construir en suelo no urbanizable rural en el caso de que exista "la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas", para lo que se requiere además que la parcela disponga de una superficie mínima de 25.000 metros cuadrados.

Pago de Río Seco obtuvo licencias para las segregaciones del Ayuntamiento de Nerja. Los permisos fueron solicitados uno a uno, lo que según reconoció el ex concejal de Urbanismo de Nerja José Luis Pezzi, ocultaban las verdaderas intenciones de los promotores, pues de forma aislada no presentaban pegas para que se otorgaran.

El propio Pezzi se opuso a una nueva parcelación poco antes de abandonar su cargo en las elecciones municipales de mayo de 2003 y alertó de que la verdadera finalidad de las segregaciones era urbanística, y "dividir el terreno para construir en cada una de las parcelas y crear una urbanización irregular".

Pezzi aseguró hace un año que aquello le costó no repetir en la lista, aunque según el alcalde, Alberto Armijo, esta decisión ya estaba tomada antes de que se conociera el caso.

Para la imposición de la multa se han valorado los terrenos en 25,25 euros por metro cuadrado, resultante de la media de las tasaciones realizadas por cuatro inmobiliarias de la ciudad.

En una de las fincas se ha aplicado para la sanción el 30% del valor total del suelo afectado, y en otra el 60%, ya que en la primera se realizaron las parcelaciones cuando aún no estaba en vigor la LOUA y regía la ley transitoria del suelo.

Además, la Consejería de Obras Públicas ha resuelto en un segundo expediente que la sociedad Pago de Río Seco debe demoler las obras de urbanización e infraestructuras construidas en la zona -vial de acceso y redes de abastecimiento de agua y electricidad-, para lo que se le concede un plazo de dos meses a partir de la fecha de la sanción, adoptada el 9 de mayo pasado.

La Junta de Andalucía se ha subrogado competencias del Ayuntamiento de Nerja para esta segunda resolución, ya que éste no cumplió las facultades que tiene para sancionar las parcelaciones ilegales. Los técnicos municipales propusieron en su día la interposición de la preceptiva multa, pero la comisión de Gobierno se opuso y el alcalde aseguró que no iba a sancionar a ningún agricultor de la ciudad por asfaltar un carril.