Anticorrupción acusa a siete colaboradores de Gil del 'saqueo' de 36 millones en Marbella

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación contra siete colaboradores del fallecido ex alcalde Marbella Jesús Gil y Gil, en el denominado caso saqueo del Ayuntamiento. Anticorrupción solicita penas de 10 años de prisión para cinco de los encausados, entre ellos el ex asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra; su mano derecha, José Luis Jiménez, y el gran artífice del polémico urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, vinculado aún al Ayuntamiento. Para otros dos colaboradores, solicita dos años. El supuesto saqueo alcanzaría los 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas).

El proceso se refiere al presunto saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella a través de una red de sociedades municipales constituidas para ese fin, a partir de la llegada de Jesús Gil a la alcaldía en el mes de junio de 1991. Según el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción, los acusados, entonces los colaboradores más próximos a Gil, "decidieron, de forma concertada, desviar, desde el Ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio, en su propio beneficio o en el de terceros".

Para llevar a cabo su plan, contaron con la participación de los servicios jurídicos y contables desarrollados por algunos de los acusados en las sociedades municipales creadas por ellos. Estas sociedades municipales fueron la excusa para gestionar, a través de ellas, la actividad municipal, mediante el envío de fondos que sustrajeron de las arcas públicas sin el control del Pleno Municipal.

Para ello precisaron de la colaboración de personas de su total confianza que no ostentaban ningún cargo municipal pero realizaban, de hecho, diferentes actividades funcionariales dirigidas a obtener importantes cantidades del erario público.

El diseño de las sociedades

El abogado José Luis Sierra, el asesor jurídico de Jesús Gil, fue el que, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, diseño el sistema de las sociedades municipales, su estructura, funcionamiento y gestión para poder obtener los resultados "indicados por el entonces alcalde de Marbella".

Una de las primeras sociedades municipales que se constituyeron fue Contratas 2000 S.L. Los socios constituyentes no realizaron ninguna actividad, pero enseguida otorgaron poderes generales, a instancias de Gil, a favor de José Luis Jiménez Jiménez, "persona de la máxima confianza del alcalde". Posteriormente, Jiménez fue nombrado gerente de Contratas 2000.

Jiménez abrió cuentas en distintas entidades de crédito, en las que era el único que podía disponer de los fondos. El entonces alcalde, Jesús Gil, ordenó que se realizasen transferencias de dinero desde cuentas bancarias del Ayuntamiento a las de Contratas 2000, siendo estas transferencias los únicos ingresos de la sociedad municipal.

Desde el 29 de julio de 1991 empezaron a salir de una cuenta en el Banco Herrero en Marbella fondos municipales, cuyo destino, "ajeno a los intereses públicos, es en algunos casos conocido y en otros no".

El fiscal detalla en su escrito las cantidades de que dispusieron los acusados entre los años 1991 y 1995 y las personas y sociedades a las que fueron a parar, entre las que se cuentan Promociones Futbolísticas y el propio Jesús Gil, que cobró mediante cheques 85 millones de pesetas.

La misma mecánica fue utilizada con los fondos transferidos a otras sociedades municipales, como Jardines 2000, de la que era apoderado Jiménez, y Planeamientos 2000, de la fue nombrado gerente Juan Antonio Roca Nicolás y que se dedicaría a la confección de documentos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, la formalización de convenios urbanísticos y la gestión urbanística

Para dar cobertura a la distracción de fondos y que ésta no fuese advertida por los organismos de control del gasto público, Sierra y el también acusado Manuel Jorge Castel, siguiendo instrucciones del alcalde, y de acuerdo con los acusados Jiménez, Eduardo Gonzálvez y Juan Antonio Roca, prepararon una cobertura contable y fiscal consistente en incluir en los libros oficiales de Contratas 2000 "una serie de anotaciones que reflejaban importes de supuestas facturas que no respondían a ninguna realidad de servicios prestados ni operación económica alguna, emitidas por sociedades inactivas, y por un importe equivalente al del montante de los fondos que habían sido sustraídos". En documentos intervenidos en el despacho de Castel constan anotaciones de "Contabilidad B" referidas a Contratas 2000.

Además, Juan Antonio Roca adquirió acciones de sociedades inactivas como Dintak, Canteras Nasok y otras para que se hicieran pasar por sus proveedoras.