La justicia de distrito puede atender una media de 50.000 casos anuales

El modelo de justicia de distrito de la Carta Municipal podría suponer un volumen de 50.000 casos anuales. Los jueces de distrito, algo parecido a la figura de los jueces de paz, es una de las principales novedades que supondrá la Ley de Barcelona, aunque requiere una modificación de la Ley General del Poder Judicial. Mientras, la redacción del texto final de la Carta sigue provocando polémica en el Ayuntamiento.

El proceso de aprobación de la redacción final de la Ley de Barcelona centró ayer buena parte de las preguntas de la comisión de Presidencia y Hacienda del consistorio barcelonés, presidida por José Cuervo, que ha sido uno de los principales negociadores del texto. El corto lapso de tiempo entre el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, la presentación de enmiendas y la firma del texto final, el próximo miércoles, ha motivado que buena parte de la actividad del consistorio gire en torno a la Carta.

Y sigue abierta la polémica entre la forma de ver el acuerdo alcanzado entre el tripartito municipal y la oposición. El consenso entre todas las formaciones municipales -gobierno y oposición-parece que se ha quebrado. A preguntas del Grupo Popular sobre el cálculo del coste que tendrá la implantación de la justicia de proximidad y quién asumirá esos gastos, Cuervo sólo precisó que el número de casos que tendrán esos juzgados podría ser de unos 50.000 anuales y que una primera aproximación del coste del funcionamiento del nuevo sistema puede ser de unos 20 millones de euros. La cifra de 50.000 casos al año se deduce, según precisó posteriormente, de los atestados que anualmente levanta la Guardia Urbana y de las ocasiones en que interviene como refuerzo de la policía.

La entrada en funcionamiento de la justicia municipal supondrá, además, un cambio en la distribución de tareas y funciones entre los actuales vigilantes de las áreas verdes de estacionamiento, el control del tráfico en la ciudad y la labor de policía judicial adscrita a los 10 juzgados de proximidad. Esta última función la realizarán agentes de la Guardia Urbana -para lo que es necesaria una modificación de la Ley de Cuerpos y Seguridad del Estado-, que también se encargarán del control del tráfico, mientras que sancionar el estacionamiento indebido y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales corresponderá a los actuales vigilantes de las áreas verdes.

Pero la cuestión que suscitó más polémica en el debate de la Carta volvió a ser el sistema de financiación. CiU recriminó al tripartito que renunciara a la participación directa en los impuestos -IRPF, IVA e impuestos especiales- y que en su lugar se firmen convenios finalistas para los gastos de cultura, transporte y justicia. Cuervo defendió que fue una decisión de oportunidad política: "El Gobierno no quiso entrar a discutir la participación en los impuestos porque sobre la mesa tenía la propuesta de financiación del nuevo Estatut que defendía la recaudación del 50% del IRPF. Y no íbamos a dejar que la Ley de Barcelona se estancara otra vez", explicó. Ante esa respuesta, Sònia Recasens (CiU) afirmó que eso demuestra que es la "Generalitat la que recorta las aspiraciones de Barcelona".