TVE ofrece 500.000 euros por la final de la Copa del Rey de fútbol
La empresa propietaria de los derechos audiovisuales pide 5,5 millones
La final de la Copa del Rey de fútbol, que el próximo sábado disputarán Betis y Osasuna, no tiene de momento cadena que la retransmita. Ningún operador de televisión ha llegado a un acuerdo con la empresa propietaria de los derechos, que pide 5,5 millones. TVE sólo está dispuesta a pagar 500.0000 euros.
TVE calificó de "desproporcionada" la cantidad reclamada por Santa Mónica Sport, la empresa propietaria de los derechos audiovisuales de la final de la Copa del Rey de fútbol. Un portavoz de la cadena estatal dijo que los 500.000 que ofrece TVE son un "gran esfuerzo". Esta cantidad equivale a lo que cuestan las transmisiones de motociclismo o de tenis a lo largo de todo un año o a dos temporadas de la Liga de baloncesto, según las cuentas del grupo estatal.
Frente a la petición de Santa Mónica Sport (5,5 millones de euros), el Ente Público asegura que el partido en liza "no vale ese dinero" y afirma que está dispuesto a negociar sobre su "oferta máxima".
La final de la Copa aparece en el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general de la temporada 2004-2005. Eso implica que deberá ser difundida por una cadena en abierto y con cobertura nacional, según establece la polémica ley de fútbol aprobada en la época del PP. Sin embargo, TVE sostiene que no se siente obliga a dar el encuentro en aras del servicio público que presta. "En casos como éste, las televisiones privadas también cumplen una función de servicio público", mantuvo un portavoz de RTVE.
Jesús Samper, presidente de Santa Mónica Sports, confirmó ayer que la señal del partido está garantiza y dijo que hoy continuarán las negociaciones con los operadores.
Para intentar acercar posiciones, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha mantenido contactos con TVE y con la compañía dueña de los derechos a fin de lograr un "justo precio". Este organismo insistió en que carece de competencias para resolver el conflicto de manera unilateral. Tampoco se plantea "expropiar" los derechos.
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