Los socialistas se resisten a incorporar la financiación local a través de los tributos propios de la Junta

Los socialistas se mostraron ayer de acuerdo en la ponencia parlamentaria para la reforma del Estatuto de Autonomía a la "posibilidad" de establecer la participación de las haciendas locales en los tributos propios de la Junta de Andalucía, un precepto que PP e IU quieren que esté redactado de manera imperativa y, por lo tanto, sea de obligado cumplimiento, según informó el Parlamento en un comunicado.

La financiación de los ayuntamientos a través de un pacto local andaluz es uno de los caballos de batalla del debate en ponencia, que ayer celebró su octava reunión. Entre los acuerdos alcanzados por los grupos figura la "posibilidad" de delegar competencias a los municipios siempre con dotación económica y el de elaborar una ley andaluza de Régimen Local en el que decida el reparto competencial entre la comunidad, los ayuntamientos y las diputaciones.

Los socialistas han propuesto que el Estatuto incorpore el actual fondo de nivelación municipal, pero están dispuesto a retirarla si los grupos deciden finalmente la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos, para no abrir dos vías de financiación a costa de los propios ingresos de la comunidad.

En cuanto a las diputaciones, una figura que IU y PA quieren eliminar, los ponentes han acordado que sus funciones sean las de coordinación, asesoramiento, asistencia y cooperación a los municipios "especialmente los de menor población". La ponencia acordó suprimir el artículo 4.4 del actual Estatuto, que señala que la administración periférica de la Junta se articula a través de las diputaciones.

Se mantiene la regulación de las comarcas, aunque en 23 años y debido a las tensiones provinciales, no ha sido posible su desarrollo legal, y se reconocen otras figuras territoriales como las áreas metropolitanas, las mancomunidades y los consorcios.

En cuanto a la Administración de Justicia, los grupos mantienen posiciones diferentes sobre el ámbito de actuación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los socialistas entienden que debe conocer todos los recursos contra las resoluciones judiciales de Andalucía, respetando la unificación de doctrina que le pueda corresponder al Tribunal Supremo. Los populares subordinan esta decisión a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los ponentes también acordaron la creación de una Consejo de la Justicia de Andalucía, aunque no hubo acuerdo sobre sus competencias.

De otro lado, el presidente del PP, Javier Arenas, abogó ayer por establecer "una cláusulas" en el Estatuto que permitan a Andalucía asumir competencias que puedan figurar en otras normas, en alusión a la vasca y catalán. Para el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, esta posición es "hipócrita", "contradictoria" y revela que "no se cree la reforma".