Miguel Sebastián advierte a UGT de que hay que cumplir el Pacto de Toledo para las pensiones
El director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, considera que el Pacto de Toledo, texto en el que se recogen las recomendaciones para el futuro del sistema de pensiones, "hay que cumplirlo", aunque las reformas deben pactarse en el marco del diálogo social. Sebastián aludía así, en declaraciones a Servimedia, a las afirmaciones del reelegido secretario general de UGT, Cándido Méndez, que en la clausura de su 39º congreso, el pasado sábado, avisó al Gobierno de que se mantendrá firme en su defensa de las pensiones.
UGT rechaza elevar el periodo de cálculo de las pensiones, establecido en la actualidad en los últimos 15 años cotizados. Ésta ha sido una de las posturas más claras de su último congreso, a cuya clausura asistió Miguel Sebastián.
El Pacto de Toledo, renovado en octubre de 2003 con el consenso casi unánime del Congreso de los Diputados, afirma textualmente: "Es preciso seguir reforzando el principio de contributividad [que la cuantía de la pensión se ajuste al volumen coti-zado]", para lo cual "se recomienda seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años". En ese periodo se ha elevado de 8 a 15 años el tiempo considerado para calcular la prestación pública.
Sebastián no quiso, sin embargo, avanzar cuáles serán los pasos que dé el Gobierno en esta materia y se limitó a señalar el necesario cumplimiento del Pacto de Toledo. No obstante, agregó que todos los debates y reformas sobre esta cuestión serán objeto del diálogo social y en ese mercado deberán sustentarse.
El Gobierno mantiene actualmente una mesa de diálogo con empresarios y sindicatos para reformar el mercado laboral de forma que se reduzca la elevada precariedad en el empleo. El siguiente paso consistirá en abrir la mesa encargada de introducir cambios en el sistema de pensiones, que ahora arroja superávit, para garantizar las prestaciones públicas en los próximos años.
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