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La politización de los jueces

Los medios de comunicación social se han hecho eco recientemente de una cuestión de permanente actualidad: la politización de la justicia, bien enraizada en nuestra historia. Así es de recordar que en el régimen de Franco todos los cargos judiciales eran de designación del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. En 1960, de los seis presidentes de la Sala del Tribunal Supremo, cinco habían ocupado cargos políticos en la Administración del Estado o en la del Movimiento Nacional.

En el sector conservador se argumenta -ahora, no antes- que la influencia de la política en la justicia es un mal absoluto, mientras que en el progresista, con acierto, se opone que la política es consustancial a la justicia, una vez configurada su Administración como uno de los poderes del Estado social y democrático en la Constitución española.

Existe una politización de los jueces que es obligatoria: su acatamiento a la Constitución

Parece oportuno, desde el conocimiento y la experiencia, aportar algunas reflexiones tendentes a intentar situar el problema en sus justos términos.

Existe una politización de los jueces que es positiva y obligatoria: su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico derivado de la soberanía popular. La infracción de este deber de fidelidad es constitutiva de delito o de infracción disciplinaria muy grave.

Hay otra clase de politización: la relacionada con la ideología de los jueces. Es inevitable aunque, con voluntad para hacerlo, es corregible en alguna medida.

Los jueces tienen prohibido su pertenencia a partidos políticos. Sin embargo, pueden formar parte de asociaciones o colectivos de una clara significación política. Esta materia está precisada de transparencia y de regulación.

Es importante también lograr que el ideario de los jueces sea representativo del pluralismo social, y es necesario para ello, entre otras medidas, modificar el sistema de acceso a la judicatura para que la integren personas de extracción social y de experiencia vital distintas. Esta ideología del juez puede resultar decisiva en los procesos con carga política o en aquellos en los que existe disenso social.

Existe otra vía de influencia política en los tribunales: el intervencionismo del poder ejecutivo en el autogobierno limitado y relativo del poder judicial.

Sigue dependiendo de él, en notable proporción, en aspectos tan importantes como la puesta a su disposición de los medios personales y materiales indispensables para su funcionamiento. Esta realidad, hoy por hoy, tiene su razón de ser. Hasta que el poder judicial no esté sometido a las reglas inherentes al sistema democrático es natural que no sea sustancialmente modificada. Aquí se encuentra uno con los principales reparos que se pueden hacer al sector conservador: es necesario que se comprenda que no se estructurará un poder judicial merecedor de esta denominación mientras no se abandonen concepciones de franco sabor corporativista y se solventen los déficit de representatividad y de responsabilidad política de los que adolece. La justicia es del pueblo y no de los jueces, que se limitan a ser sus administradores.

El influir sobre los jueces, en un momento determinado, es una tentación golosa. Es lógico que la sientan tanto los políticos como el resto de los ciudadanos con poder suficiente como para acceder a ellos.

Una vía apta para hacerlo es la intervención en la carrera de los jueces.

Hay jueces que quieren progresar en la carrera judicial o fuera de ella. Es humano. Para alcanzar su objetivo se mueven y en su ascenso buscan y pueden encontrar determinados apoyos, públicos o privados. La ambición, legítima, de los jueces puede ser una dificultad para su independencia. Para evitar o atenuar este peligro, en algunos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, han suprimido, en la práctica, los ascensos entre los jueces. Italia, por su parte, ha independizado la promoción de las retribuciones.

Estas posibles influencias y sus efectos no encajan en la politización, sino en otras figuras menos dignas.

Sería bueno para prevenir estas situaciones la adopción de determinadas medidas. La primera, introducir un sistema de nombramientos judiciales, de duración temporal, público y contradictorio, con abandono de secretismos, fobias, filias, asociacionismos, etcétera. La segunda, instaurar un control de todas las actividades extrajurisdiccionales de cualquier signo de los jueces, publicitando su régimen.

Es necesario diferenciar la politización de los órganos de gobierno de los jueces, que es natural y consustancial con su naturaleza (con independencia de la urgencia de reformar el sistema de designación de sus componentes), del partidismo de los jueces en su función de aplicar las leyes que tienen que ser objeto, dentro de lo posible, de supervisión, ya que puede existir. En este punto no caben angelismos ni fariseísmos hipócritas. Los jueces forman parte de la sociedad, y es bueno que así sea, con sus pros y sus contras. Cierto. Pero sin bajar la guardia para evitar sus efectos nocivos.

Ángel García Fontanet es magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y presidente de la Fundación Pi i Sunyer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de junio de 2005.