El Poder Judicial cubrirá por fin el miércoles las presidencias de sala vacantes en el Supremo

La reforma legal aprobada hace cinco meses para obligar a ampliar los consensos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)en los nombramientos de magistrados del Supremo empieza a dar sus frutos. El pleno del Poder Judicial resolverá las vacantes de tres presidencias de sala (Civil, Penal y Militar) que no han podido ser cubiertas hasta ahora por el desacuerdo entre el sector progresista (minoritario) y el conservador (mayoritario con 11 de los 20 votos del pleno). El sector progresista ha incorporado al pleno el nombramiento de otros dos magistrados para la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Las conversaciones de los últimos días entre los vocales progresistas y conservadores habían logrado desbloquear el nombramiento de tres presidentes de Sala del Tribunal Supremo (Juan Antonio Xiol, progresista, para la Sala de lo Civil; Juan Saavedra, peticionario único para la plaza vacante en la presidencia de la Sala de lo Penal; y Ángel Calderón Cerezo, conservador, para la Sala de lo Militar).

Además de ese consenso, los vocales estaban madurando otro acuerdo para dos vacantes de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo y discutían sobre otras tres plazas en la Sala de lo Social.

Sin acuerdo aún respecto a todas estas vacantes, el presidente del Poder Judicial, Francisco José Hernando, convocó ayer a todos los vocales con un orden del día donde figuraba la votación sobre las tres vacantes de las presidencias de Sala del Tribunal Supremo. Los progresistas le remitieron un escrito, firmado por cinco vocales, en el que planteaban que también se sometiera a votación la elección de dos magistrados para la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Unos y otros dan por sentado que saldrán adelante los nombramientos de las presidencias de Sala, unos cargos estratégicos para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo, un organismo que sufre un fuerte atasco judicial.

El PP vaticinó el bloqueo en la renovación de cargos del Tribunal Supremo por una reforma legal impulsada por el PSOE a toda prisa a finales del año pasado, que obligaba a contar con el apoyo de dos tercios del Consejo General del Poder Judicial (13 de los 21 magistrados) para sacar adelante cualquier nombramiento. Enrique López, vocal elegido a propuesta del PP y portavoz del Consejo, señala: "La Ley hay que cumplirla aunque no compartamos sus principios. Pero trabajamos para cumplirla".

Juan Carlos Campo, vocal elegido a propuesta del PSOE, señala por su parte: "La Ley es beneficiosa, refuerza la bondad de los candidatos que atesoran mérito y capacidad y se ha demostrado en los últimos nombramientos, donde los mejores candidatos optaron a la plaza. A veces tenemos la sensación de que los tiempos en que se mueve la mayoría conservadora no son los que parece exigir la voluntad del legislador ni lo que reclama el buen funcionamiento de la Administración de justicia".

La Escuela Judicial

En el pleno del próximo miércoles, los vocales elegidos a propuesta del PP, a iniciativa de José Luis Requero, han incorporado un escrito que puede desatar la tensión y causar una nueva fractura en el Poder Judicial.

Los conservadores pretenden que el pleno ratifique su plena confianza en el director de la Escuela Judicial, José Francisco Valls, ante lo que consideran una campaña de desprestigio que supuestamente dirige el vocal conservador y vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de la Escuela Judicial.

Los progresistas entienden que el escrito en defensa de Valls es, en realidad, un "intolerable" ataque al vicepresidente del Poder Judicial. "El sector mayoritario, desde un primer momento ha intentado desmantelar el buen modelo de Escuela Judicial que existía. Lo pusieron de manifiesto desde el primer momento, cuando cesaron a un magnífico director, como era Carlos Gómez, persona que fue objeto de persecución hasta su cese. A esa circunstancia hay que unir al debilitamiento del modelo de Escuela Judicial", señalan desde el sector progresista. "La persona a la que han puesto al frente de la Escuela Judicial", añaden, "ha sido el instrumento para llevar a cabo lo que se puede tildar de purgas ideológicas en la Escuela. Y, además, han intentado premiarle dándole la Sala Primera del Tribunal Supremo, como gratificación a los servicios prestados".

El vicepresidente del Poder Judicial, según los vocales progresistas, "sólo intenta que se cumpla la ley en orden a la incorporación de juristas a la carrera judicial por el cuarto turno, lo que rechaza el sector conservador".