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Tribuna:MERCADOS FINANCIEROS
Tribuna
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La aptitud de las cajas para las buenas prácticas de gobierno

La SEC, en su encuesta anual sobre las actitudes del inversor (Securities Industry Association, noviembre de 2003), refiere que en ese año el 54% de los inversores tenía "sólo un poco" o "no mucha" confianza en que las reformas corporativas reducirían los abusos, y el 51% de los inversores pensaba lo mismo en relación con las reformas de la industria de valores.

No hacía falta esperar a esta encuesta para saber de la desconfianza de los inversores en los modelos de buen gobierno, pues algo tiene que ver en la dramática caída del valor atribuido por los inversores a las acciones cotizadas (y a sus administradores) en las bolsas americanas.

Tal desconfianza parece justificada si se tiene en cuenta el preocupante y recurrente rechazo o manipulación por importantes sociedades anónimas que, al parecer, tienen dificultades en aceptar de forma sincera cualquier práctica de buen gobierno, circunstancia demostrada por la multitud de acciones deliberadas que se han encadenado durante varios años para inflar artificialmente los beneficios, ocultar sus pérdidas, manipular su activo y su pasivo, organizar la evasión fiscal, inventar la cifra de negocios, comprometer a los políticos, equivocar o conseguir la equivocación de los auditores, abogados, analistas y agencias de rating.

La teoría y la lógica nos aconsejan la separación total entre la función supervisora y la ejecutiva

El desarrollo y puesta en práctica de modelos de buen gobierno en las cajas de ahorros, especialmente aptas por su estructura jurídica para el arraigo de las buenas prácticas que son tan difíciles de implementar y que provocan tanto rechazo en ciertas sociedades anónimas, constituye la mejor de las oportunidades estratégicas con las que han contado y pueden contar las cajas de ahorros.

En efecto, la estructura jurídica del gobierno de las cajas permite profundizar y hacer realidad la independencia, que debe ser el eje de la función de supervisión y de control, que asegure que ninguna persona o grupo reducido de personas pueda ostentar un poder de decisión no sometido a contrapesos y controles.

La asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control se configuran como un instrumento de supervisión y control, ya que, generalmente, la gestión de los negocios ordinarios se delega en el director general y en el equipo de dirección, a los que se atribuye el estricto componente profesional y de gestión que no incluye, claro está, la supervisión y control por el director general de los órganos de gobierno, como algunas malas prácticas han pretendido y que me atrevo a llamar supervisión invertida.

Se consigue así lo que la teoría y la lógica nos recomiendan, la separación total entre la función supervisora y ejecutiva, y se asegura un equilibrio de poder y autoridad.

Esta función de supervisión exige que los componentes de los órganos de gobierno, cuyo plazo de mandato está limitado, ejerzan sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a la que pertenezcan y del cumplimiento de su función social, que reúnan los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, y que no estén incursos en incompatibilidades, para evitar las interferencias económicas y políticas en los órganos rectores y reafirmar de esta manera su autonomía e independencia cara al mejor funcionamiento de la entidad.

Pero la mejora de la función de supervisión requiere no sólo de la independencia en relación con la dirección general -o presidente ejecutivo- y el equipo directivo, sino también de que los órganos de gobierno puedan contar con un asesoramiento independiente de la dirección general y del equipo directivo, sin el cual no es posible analizar y estudiar con el debido rigor contextos complejos, trabajar en un órgano colegiado y consensuar puntos de vista diferentes. Se debe pretender, por tanto, no sólo conseguir un alto nivel de supervisión y de control, sino también un alto nivel de racionalidad, objetividad y eficiencia, para lo que se necesitan otras cualidades críticas, además de la independencia, como la experiencia y el conocimiento, la capacidad de trabajo y la diligencia.

Para un catedrático que ha dedicado su vida a la historia de las instituciones y la distribución social del poder resulta irresistible en estos días en que se presenta la larga trayectoria de las cajas en la responsabilidad social corporativa, reflexionar sobre la actitud de las instituciones para desarrollar modelos de comportamiento y sobre todo lo hecho en materia de buen gobierno por las cajas de ahorros y lo que queda por hacer. Estas instituciones de ahorro han sido y son resultado de una historia que ha resistido el paso del tiempo gracias a sus extraordinaria adaptación a la lógica de las organizaciones modernas. Si siguen siendo fieles a sí mismas, seguirán rodando por delante del pelotón al margen del vaivén de las modas y peligros que acechan a los que se quedan a la cola de los acontecimientos.

Como se ve, no es una cuestión de aptitud, sino de actitud, constructiva y de futuro, y es una forma de pensar que comparten muchos responsables de los órganos de gobierno, pues estamos persuadidos de que es mejor ayudar a conocer la verdad que terminar por perfeccionar la hipocresía. ¡Ah!, y que nuestras mentes no sean porosas al olvido. Vale.

Francisco Javier Guillamón Álvarez es catedrático de la Universidad de Murcia y vicepresidente primero de Caja de Ahorros del Mediterráneo.

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