La alcaldesa de Marbella acepta reunirse con Obras Públicas para analizar el avance del PGOU

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, anunció ayer el envío de una carta a la directora general de Urbanismo de la Junta, Mercedes Izquierdo, en la que acepta reunirse con la Consejería de Obras Públicas para analizar el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la localidad y convocar la mesa de participación. La Junta había urgido al Ayuntamiento a reunirse en los primeros días de este mes para analizar los próximos pasos en el procedimiento administrativo, una vez que el equipo redactor culminó el documento del avance del plan, que se presentó hace dos semanas.

El avance del PGOU, que ha sido elaborado por un equipo que dirige Manuel González Fustegueras respaldado, en teoría, por la Junta y el Ayuntamiento, fue presentado el pasado 16 de mayo por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. El documento propone fórmulas para legalizar unas 25.000 viviendas que se han construido en la última década sin atender a la legalidad con el beneplácito del Ayuntamiento. Otras 5.000 viviendas, también irregulares, no podrán ser normalizadas al haber ocupado suelos protegidos o destinados a equipamientos públicos, por lo que quedarán a expensas de lo que decidan los tribunales al haber incurrido en supuestos "delitos contra el territorio". El avance prevé también reservar más de 3.000 hectáreas a suelo urbano, lo que permitiría construir 50.000 nuevas viviendas y, en este acaso, ajustadas a la legalidad.

Una semana después de la presentación del avance del PGOU, la directora autonómica de Urbanismo reclamó también por carta a la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, una reunión sobre el avance del plan urbanístico y que convocase una mesa de participación que recoja las opiniones de los principales sectores sociales y económicos de la ciudad. Izquierdo advertía a Yagüe que la composición de esa mesa de participación debía ser consensuada por ambas administraciones y que tenía que ser "representativa" y "no arbitraria".

El objetivo de la Junta es que el pleno municipal apruebe el texto del avance este mes para que pueda pasar a la fase de exposición pública y alegaciones este verano. La carta de réplica enviada ayer por Yagüe da a entender que el gobierno local está por la labor. La alcaldesa instó a que la Junta "indique día, lugar y hora para constituir tanto la mesa de participación como la comisión bilateral, para, de este modo, iniciar la tramitación del procedimiento". Sobre la convocatoria de la mesa de participación, la primera edil (ex GIL) afirma que "las circunstancias y el interés social que ha despertado la redacción del nuevo PGOU exigen con más intensidad que nunca que la reunión se efectúe con anterioridad a la tramitación legal para la consecución de la revisión del plan, que desde la Junta se reclama al Ayuntamiento".

La consejera de Obras Públicas se congratuló ayer de la decisión de Yagüe tras asistir a una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, al que el equipo redactor del avance del PGOU presentó el documento. Herrero, en declaraciones a los periodistas, valoró el documento, ya que la patronal considera "urgente" que Marbella tenga un plan urbanístico que acabe con la inseguridad jurídica en la actividad inmobiliaria. El presidente de la patronal matizó que ese respaldo no supone "conformidad" con el documento ya que todavía queda un periodo de discusión que se concretará en las alegaciones.

Herrero, quien ha solicitado una reunión con la alcaldesa de Marbella para tratar el asunto, recordó que cualquier revisión urbanística implica la "normalización" de situaciones "anómalas". La posibilidad de que los promotores de las 25.000 viviendas irregulares que se van a normalizar tengan que realizar compensaciones por disfrutar de un terreno que estaba destinado a otros usos, tal y como plantea la Junta, fue recibida con escepticismo. Herrero recordó que muchos de los empresarios que consiguieron licencias municipales, luego declaradas ilegales, ya firmaron convenios que implicaban cargas económicas.