Reconocido prestigio

Rematadamente mala ha sido la expresión utilizada por el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia, para calificar la actuación que nuestros partidos políticos han desarrollado en el proceso de constitución del denominado como Consejo Audiovisual.

Evidentemente, la imagen mostrada por los cuatro partidos representados en la sede del antiguo Hospital de las Cinco Llagas ha sido deplorable en un asunto como este que hubiese requerido, al menos, de ese toque de maquillaje ético e incluso estético que debiera acompañar a todo lo relacionado con la independencia de los medios de comunicación públicos, cada vez más mancillada por quienes ostentan en cada caso el poder.

El Consejo Audiovisual, como sucede con el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Consultivo de la Junta, el Consejo Económico y Social y tantas decenas de Consejos en los que entran a jugar parte los intereses de partido, va a convertirse, sin lugar a dudas, en un mero órgano de poder político, a espaldas de los intereses reales de la población, manipulado y manipulador de la verdad y a través del cual pagar una serie de favores políticos a los miembros que lo integren.

En su artículo 5.3, como así mismo recogen en sus textos constitutivos esas otras decenas de Consejos, se indica expresamente que sus miembros serán elegidos entre personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social configurando, como recoge el artículo 1.1, una autoridad audiovisual independiente.

Nada más lejos de la realidad, si nos atenemos a la mayoría de los nombres propuestos y a la intencionalidad que rodea a cada una de las designaciones, que no es otra que velar por la posición política de la fuerza proponente en un capítulo tan importante como es el control de los medios de comunicación de titularidad pública y aquellos otros que queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la Administración de la Junta de Andalucía.

Lo cierto es que sobrepasado el tiempo que la Ley establecía para su constitución -cumplía el 18 de marzo pasado-, el Consejo Audiovisual sigue sin constituirse, e incluso se habla de una posible reforma de dicha ley a fin de reducir el número de consejeros de once a nueve, por la falta de acuerdo a la hora de realizar el reparto de los mismos entre los partidos políticos que los designan, en un ejercicio más de negación de los principios de la propia Ley, que en su artículo 8.1 establece que los miembros del Consejo actúan con plena independencia y neutralidad y no están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus funciones.

Difícilmente puede ello ser así si de forma tan descarada se pelea públicamente por controlar una representación que no debiera en modo alguno ser proporcional al reparto de escaños parlamentarios, sino claramente independiente de este y del poder político que lo sustenta, para convertirse en nítida representante de una sociedad plural que debiera merecer, al menos en esto, el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho al honor e intimidad, información veraz, difusión y comunicación, de igualdad y no discriminación, y a la compatibilidad de dichos principios con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual, como establece el artículo 3.1 de la Ley.

Porque, estamos en las de siempre: lo grave ya no es que el Partido Popular vea reducido de tres a dos el número de miembros en el Consejo, como se establece en el actual debate, sino que cualquier fuerza política, sola o aliada con otras, el PSOE en el caso que nos ocupa, pueda ejercer el control sobre un órgano consultivo, a través de los miembros que designa, que debiera situarse por encima de la miope y sectaria visión que los partidos puedan tener, en esta materia, sobre la calidad de los contenidos audiovisuales.

Me pregunto qué papel van a ocupar en el Consejo Audiovisual que algún día se constituya las asociaciones de consumidores y usuarios, o las de padres, o las vecinales, o las de profesores y alumnos, o las de expertos en ética, o las de psicólogos o juristas, o las de profesionales del periodismo, a la hora de proponer a sus miembros.

Evidentemente, ninguno, porque más que profesionales de reconocido prestigio que velen por los principios que farisaicamente se establecieron en la Ley, a los partidos políticos les interesa contar con testaferros que mantengan a buen recaudo su propio negocio.

Enrique Bellido Muñoz ha sido senador del PP por Córdoba.