El Fiscal de Menores pide a los educadores más responsabilidad ante los casos de acoso escolar

Manuel Dolz, fiscal coordinador de Menores de Valencia, llamó ayer a la responsabilidad de los directores de los centros educativos y de los profesores en la lucha contra el acoso escolar. A su juicio, "forzosamente" tienen que detectar qué está ocurriendo. Dolz advirtió de que el acoso escolar debe distinguirse de los episodios de violencia y expresó su rechazo ante la idea de que "el culpable del acoso es la víctima porque es débil".

"Es necesario erradicar la teoría de que la culpa la tiene la víctima porque es débil, las víctimas siempre son débiles. Es nuestra obligación protegerlas. También es una obligación de educadores y directores de los centros. En los casos de acoso escolar concurre la debilidad junto a otros requisitos, como la existencia de algún defecto psíquico o situación que les hace objeto de mofa, de burla", afirmó Manuel Dolz.

El coordinador de la fiscalía de Menores de Valencia subrayó la necesidad de distinguir entre la violencia en las aulas y el acoso escolar, "que tiene que prolongarse en el tiempo para entenderse como tal". Dolz afirmó que el caso conocido la semana pasada de un menor de 15 años que intentó quitarse la vida por las amenazas y coacciones de compañeros de clase corresponde a un caso de acoso escolar. Los dos menores detenidos en relación con esos hechos están en situación de libertad vigilada por orden del juez de Menores, aunque la fiscalía solicitó internamiento en régimen abierto. El menor afectado ha sido trasladado de centro y las diligencias se concluirán por la comisión de un supuesto delito de trato denigrante.

Dolz expresó su impresión de que "hay un aumento de la violencia en las aulas, y también de los casos de acoso escolar", pero no pudo concretar datos "porque falta información sobre lo que ocurre".La colaboración para trazar el perfil exacto de las situaciones de acoso escolar y las de violencia fue ayer una de las herramientas fundamentales defendida por el fiscal coordinador de Menores de Valencia. "El sistema estadístico no nos permite desglosar tanto, y además la mayoría de las situaciones se denuncian como episodios únicos de lesiones, de amenazas o de coacciones, de forma que inicialmente nosotros no lo podemos saber". El fiscal reclamó ayer una mayor fluidez en la información entre docentes, consejerías y fiscalía. Dolz explicó que aunque el pasado año se anunció el establecimiento de contactos periódicos entre enseñantes, fiscales, policías y administración tras varios casos de agresión a estudiantes emigrantes en un instituto público de Valencia, "no se ha hecho, nos emplazaron a un plan llamado de convivencia del que oficialmente esta Fiscalía no ha vuelto a saber nada".

La Consejería de Bienestar Social respondió que "las relaciones son muy fluidas" y que habitualmente se reúnen con representantes de Educación y Cultura. Además, anunciaron que a partir de ahora esas reuniones que ya son periódicas entre consejerías serán sectoriales con las secretarías autonómicas de Educación, Cultura y Deporte. Sobre la participación de la Fiscalía en las mismas, Bienestar Social dijo que el intercambio de información es habitual, informa Jaime Prats.

Por otra parte, la Fiscalía de Menores de Alicante está a la espera de conocer el informe policial sobre la muerte de Cristina C. G., la adolescente de 16 años que se arrojó por un puente de Elda a causa, según denunciaron los padres, de un "constante acoso escolar" por parte de tres compañeras de clase, informa Rebeca Llorente. En base a las conclusiones de la investigación, el ministerio público decidirá si incoa actuaciones. Fuentes policiales apuntaron ayer que el informe no estará concluido hasta, al menos, dentro de diez días ya que la investigación se ha visto interrumpida por las fiestas locales. Hace cinco meses, la Fiscalía de Menores abrió un expediente a raíz de una denuncia interpuesta ante comisaría por los padres de la muchacha fallecida. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía apuntaron que el acto de conciliación nunca se llegó a celebrar. Por su parte, el comisario de Elda, Ignacio Gómez, señaló que se trató de "una agresión entre chiquillas". Los agentes no han practicado ningún arresto por estos hechos.

La importancia de dar un rápido aviso ante posibles casos acoso escolar, informa Ignacio Zafra, fue recogido en un protocolo de actuación presentado por la Consejería de Educación en diciembre pasado. Fuentes del departamento reconocen, sin embargo, que dicho procedimiento nunca se ha puesto en marcha; que debería haberse activado en el caso de la joven de Elda, y que no lo hizo porque la dirección del centro no comunicó la situación al inspector correspondiente. Las mismas fuentes no supieron determinar si esa comunicación es obligatoria.