La Generalitat pondrá coto a los más de 250.000 apartamentos turísticos ilegales que hay en Cataluña

La Generalitat pondrá freno a la oferta ilegal de apartamentos que se alquilan como alojamientos turísticos sin inscribirse en el registro obligatorio del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo. La directora general de Turismo, Isabel Galobardes, explicó que la nueva legislación incrementará las exigencias que deben cumplir estos alojamientos, impedirá la comercialización de las empresas que exploten pisos fuera de control e intensificará las inspecciones a través de los municipios.

Con la normativa actual, Turismo sólo tiene 23.000 apartamentos registrados, unas 90.000 plazas, pero el sector calcula que hay más de 250.000 pisos sin regularizar, lo que se traduce en más de un millón de camas. Esta bolsa de apartamentos sin declarar plantea, según Turismo, dos problemas: el primero es fiscal, porque muchos se alquilan en negro, y el segundo es de calidad de los servicios, porque la normativa actual es poco exigente.

Galobardes aseguró que el nuevo decreto obligará a que "la empresa primero tenga que pedir la licencia municipal de actividad y pase una inspección previa antes de inscribirse en el registro". Los ayuntamientos se harán cargo del control posterior de los alojamientos.

El decreto exigirá que los alojamientos estén dentro de un perímetro que se pactará con empresarios y municipios. Aun así, luego los consistorios podrán restringirlo en los planes de usos y, por ejemplo, fijar que todos los pisos estén en el mismo edificio. La Generalitat también acordará con el sector una lista de servicios mínimos que deberán dispensar, pero advirtió de que algunos son "innegociables", como un conserje, un punto de información y servicios de limpieza.

El Gobierno catalán dictará el decreto de inmediato, pero avanzó que su aplicación "será progresiva". Para ello, los inspectores de Consumo efectuarán campañas para descubrir estos apartamentos "en Internet y sobre el terreno", a las que se añadirán otras con la Agencia Tributaria, con la que Turismo ha iniciado conversaciones.

"La finalidad es que ningún apartamento sin licencia de actividad y que no esté inscrito pueda comercializarse como turístico", señaló Galobardes. El decreto podrá evitar que una empresa alquile un apartamento a un turista, pero será más complejo evitar que lo haga un particular, puesto que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) lo permite. Por ello, Turismo reclama al Gobierno central que modifique la LAU y excluya de la ley la regulación de los apartamentos turísticos, sobre los que considera que tiene plenas competencias.