Cárceles de cristal

De entre los múltiples defectos de la larga historia del sistema penitenciario en el mundo entero, no es el menor el de su opacidad. Lejos de hacer realidad las aspiraciones de todas las corrientes humanistas, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, los muros de las prisiones no han sido más que contenedores de la expresión del conflicto social que se manifiesta a través del delito, entendido éste en sus más diversas tipificaciones de acuerdo con las cambiantes circunstancias de cada sociedad y la pervivencia de conductas que requieren el aislamiento temporal de quienes rompen las convenciones sociales.

Si los muros físicos han aislado visualmente el interior de las prisiones, los muros mentales han sido aún más opacos a la hora de que la ciudadanía entendiera la función social de la política penitenciaria. A esta opacidad ha contribuido, de forma decidida, la clase política que en esta materia, como no ha sucedido en ningún otro ámbito, ha claudicado de cualquier intento de hacer pedagogía y de elaborar un discurso acorde con el pensamiento político de cada una de las fuerzas para convertirse, por acción u omisión, en mera portavoz de una exigencia primitiva y sin límite de endurecimiento de las penas y de aislamiento del delincuente. Aislamiento, eso sí, alejado de cualquier lugar y de cualquier circunstancia, con lo cual se podría llegar al falso desiderátum de pasar de la opacidad a la total invisibilidad.

En el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña se pretende provocar una inflexión a esta situación. La función penitenciaria o es social o no es nada, y para que sea social lo primero que precisa es la corresponsabilización del conjunto de operadores que de una manera u otra intervienen en el sistema penal. Y el primero de estos operadores es la propia sociedad, que debe ser consciente de que los objetivos de la institución penitenciaria, a saber, la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, no pueden ser asumidos únicamente por la acción de los poderes públicos. Su capacidad de intervención no es suficientemente efectiva si no puede contar con la colaboración de actores públicos y sociales (partidos políticos, gobiernos locales, colectivos profesionales, entidades y ONG, empresarios, sindicatos, etcétera) que pueden contribuir enormemente en esas tareas de reeducación y reinserción y, en consecuencia, favorecer la modificación del discurso imperante sobre la percepción en materia de seguridad pública.

La acción penitenciaria se asocia, generalmente, a una percepción negativa por parte de la opinión pública, que se extiende sobre los profesionales del sistema y sobre sus centros y equipamientos, y a su impacto en el entorno social en el que se insertan.

En este sentido, nos proponemos poner fin a determinados aspectos de opacidad del sistema penitenciario, opacidad que causa, cuando menos, dos efectos negativos: uno hacia el propio sistema afectado de una introspección excesiva, y el otro en una proyección hacia el exterior, que genera una imagen desdibujada y repleta de zonas oscuras, centradas exclusivamente en los aspectos más negativos.

Se trata, en definitiva, de proyectar una imagen más ajustada a la realidad que la que deriva de la ignorancia, el prejuicio o la deformación interesada.

Para superar el actual estado de cosas, y para que se abandonen determinados estereotipos, es necesario ampliar el conocimiento de la realidad penitenciaria, de su dimensión social y de su contribución a la protección de los derechos de los ciudadanos y de la seguridad pública. Con este mejor conocimiento de todas las facetas de la función penitenciaria también será más valorada la tarea de todos aquellos que se dedican a ella profesionalmente o en formas diversas de voluntariado y acción social.

En nuestro modelo apostamos, pues, por la transparencia del cristal con todos los efectos positivos que la visibilidad otorga a una institución tradicionalmente cerrada como la penitenciaria, sin olvidar, en cambio, su enorme fragilidad, hecho que exige de todos, pero especialmente de aquellos con responsabilidades públicas y políticas, y también de los medios de comunicación, la máxima sensibilidad y cautela a la hora de efectuar cualquier aproximación o evaluación.

Por todo esto, el Departamento de Justicia ha editado recientemente, y por vez primera, un boletín estadístico http://www.gencat.net/justicia/departament/publicacions/publ_dig/index.htm con una periodicidad semestral y que nace con la vocación de ofrecer una visión general del sistema penitenciario de Cataluña al conjunto de la ciudadanía, a partir de la presentación directa de los aspectos básicos (número de internos, permisos de salida, actividad educativa, trabajo penitenciario, aspectos medicosanitarios, quebrantamientos...) que caracterizan nuestro sistema.

Estos datos, que en unas ocasiones nos causarán inquietud, en otras confirmarán el acierto o fracaso de nuestra acción y previsiones, nos afianzarán en la línea emprendida o nos aconsejarán la revisión de nuestras políticas, y siempre nos permitirán una visión integral de la actividad penitenciaria y, en consecuencia, apreciar sus múltiples vertientes y muy especialmente ampliar horizontes valorativos más allá de los tópicos más recurrentes.

En paralelo, estamos estudiando y desarrollando nuevas vías de difusión y explicación de la misión y función penitenciaria y profundizando -en el marco del proceso de elaboración del reglamento penitenciario de Cataluña- en los mecanismos de participación e implicación de la sociedad en los procesos de reinserción social.

Durante las próximas semanas el Departamento de Justicia quisiera hacer públicos los emplazamientos de los centros penitenciarios que habrán de sumarse a los existentes o sustituir a los que de manera más clamorosa representan lo que no deberían ser los establecimientos de reclusión de nuestra población penada. Esperamos que la corresponsabilidad de todos permita no frustrar las necesidades que tiene nuestro sistema en este campo.

El llamamiento efectuado recientemente por el Síndic de Greuges en el sentido de favorecer una mayor sensibilización ciudadana respecto de la necesidad de instalación de determinados equipamientos de interés público (prisiones, centros de menores, etcétera) constituye una importante reflexión que a todos nos interpela.

Estamos convencidos de que únicamente a través del conocimiento de la realidad penitenciaria podremos avanzar hacia el fomento de un amplio diálogo social que facilite los procesos de integración de las personas adultas, jóvenes y menores, sometidas a medidas de control penal.

Albert Batlle i Bastardas es secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil.