El Supremo admite el recurso de queja de Salvem El Cabanyal contra la prolongación de Blasco Ibáñez

La plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar anunció ayer que el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de queja interpuesto contra la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. La decisión del Supremo, que también ha admitido el recurso de la Asociación de Vecinos Pavimar, provocó ayer la alegría de más de medio centenar de personas reunidas en la sede de la asociación vecinal de El Cabanyal. La satisfacción de los vecinos, que llevan oponiéndose durante años a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y reclamando la protección de este barrio declarado bien de interés cultural, contó con el apoyo del concejal socialista Francisco Carsí y la edil de Esquerra Unida Mavi González.

Los letrados que llevan el caso explicaron que la aceptación del recurso de queja demuestra que el pleito sigue vivo, en contra de lo que pretendía la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El abogado José Luis Ramos explicó que si el equipo de gobierno del PP quiere demoler las casas que ha comprado la Corporación tendrá que solicitar ejecución de sentencia al Tribunal Superior de Justicia -que falló a favor del ayuntamiento por 11 votos contra 8-, que tendrá que consular a las asociaciones vecinales. Ramos indicó que el auto del Tribunal Supremo admite los argumentos jurídicos de Salvem el Cabanyal para admitir el recurso de casación y que ha requerido el expediente al TSJ, por lo que previsiblemente el Alto Tribunal emitirá una nueva sentencia. "Pedimos al Ayuntamiento de Valencia que pare los derribos y todas las actuaciones de acoso al barrio, tolerando su degradación", indicó el portavoz de la plataforma Faustino Villora. Para los vecinos, el equipo de gobierno municipal del PP inició los derribos a sabiendas de que el Tribunal Supremo iba a comunicar la aceptación del recurso de queja. Una decisión que, para los vecinos, supone un espaldarazo a su lucha y un nuevo revés para la alcaldesa Rita Barberá.La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, manifestó ayer, en relación con anuncio de la Plataforma Salvem el Cabanyal de que el Tribunal Supremo ha admitido su recurso contra la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez en Valencia, que "se está solamente ante la admisión a trámite del recurso de queja". "Ahora tienen que escuchar a las partes", declaró. Barberá, que asistió ayer a la reunión del comité ejecutivo regional del PP de la Comunidad Valenciana, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, hizo hincapié en que el recurso presentado fue "de queja y no de casación". "La valoración jurídica de los dos es muy distinta", precisó.

La alcaldesa recalcó que admitir el recurso significa que "lo van a tramitar" y añadió que, según sabe, "en este recurso de queja no hay ninguna orden de paralización ni nada que se le parezca". "Las interpretaciones pueden ser diversas. Yo no voy a manifestarme sobre hipótesis, sino sobre hechos", concluyó.

El pasado octubre, el pleno de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó los nueve recursos presentados contra el Plan de Reforma y Protección Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal, que prevé la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Sin embargo, el ambiente se ha ido caldeando con motivo de las demoliciones aprobadas por el Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, tuvo que paralizarlas hasta un nuevo pronunciamiento judicial porque una licencia para una de las casas afectadas fue suspendida cautelarmente por un juzgado de Valencia a mediados de mayo.

Paralización

La paralización se produjo a petición de Salvem El Cabanyal y la asociación Pavimar, que sostienen que el edificio del 181 de la calle Progreso de Valencia está protegido y no se justifica su demolición inmediata. La amenaza de derribo pende sobre otros cinco edificios de la zona protegida.

Grau aseguró entonces que le importaba "poco" esperar unos días más para demoler los edificios en los que se abrirá la prolongación de la avenida, y que evitaría "caer en la provocación" que atribuye a los vecinos opuestos al plan del equipo de gobierno del PP. Salvem El Cabanyal impidió junto a otros vecinos que se tiraran otros dos inmuebles del entorno declarado Bien de Interés Cultural.

Como consecuencia, el Ayuntamiento presentó una denuncia, firmada por Grau, por los delitos de "usurpación y coacciones" contra Faustino Villora, portavoz de Salvem El Cabanyal, un grupo de jóvenes que se negaron a identificarse y ocuparon uno de los inmuebles y "contra las personas que determine la investigación". El teniente de alcalde subrayó entonces que Villora y varios vecinos entraron en una de las casas "con clara intención de impedir los trabajos", un acto que consideró violento y "un atropello de la ley".