Juicio parlamentario al Carmel

Para los diputados de la comisión de investigación era fundamental contestar a esta pregunta: ¿por qué se hundió el túnel de maniobras del metro en el Carmel? Los más de 1.000 vecinos desalojados desde el 25 de enero, cuando se produjo el primer desprendimiento, exigían saber qué ocurrió. Las contradicciones entre los comparecientes y la complejidad del asunto dificultaron los trabajos. Pero el informe elaborado por los técnicos independientes que asesoraron a la comisión ha arrojado luz sobre este punto.

El hundimiento

Cuatro causas definidas

El documento no atribuye el hundimiento a una sola causa, sino a cuatro. 1. La falta de información geológica sobre la zona del accidente, que impidió observar una "discontinuidad geológica" (una falla) que explicaría la inestabilidad del túnel. 2. Las deficiencias al calcular la sostenibilidad del túnel y la reducción de los coeficientes de seguridad. 3. Durante 70 días no se hizo el seguimiento de las medidas de convergencia (la tendencia del túnel a convergir hacia su propio centro) y eso impidió detectar la situación inestable del túnel y adoptar las medidas necesarias. 4. La construcción de una solera (base de cemento entre muros) en el túnel, decidida por la UTE (unión temporal de empresas) constructora ante la "indefinición" de la dirección de obras. Las conclusiones señalan que éste fue el desencadenante del hundimiento.

Junto a estas causas inmediatas, el dictamen señala otros "hechos relevantes" y "circunstancias" que concurrieron en el accidente. Indica por ejemplo que el proyecto modificado, que preveía construir el túnel en el Carmel, no incluía "estudios geológicos" y estaba pendiente de aprobación cuando se iniciaron las obras. En una de las enmiendas que presentará CiU en el pleno del Parlament del próximo 2 de junio, día en el que se votarán las conclusiones, se afirma que el Gobierno actual podría haber paralizado el proyecto. Las conclusiones denuncian la falta de un buen clima de colaboración entre la dirección de obra, la constructora y GISA en el seguimiento de las obras, y ponen de relieve que, antes de que se produjera el socavón, hubo advertencias sobre "la importancia de las incidencias detectadas" en la zona del hundimiento. El documento excluye que la "calidad o cantidad" de los materiales utilizados tuviera alguna repercusión en el suceso.

Las responsabilidades

Reparto desigual de culpas

La atribución de responsabilidades políticas ha sido uno de los puntos de enfrentamiento en la negociación entre los partidos. Igual que ocurría con las causas, el documento de conclusiones apunta a múltiples responsables, aunque la parte de culpa que asume el Ejecutivo actual es superior a la que se atribuye al de CiU.

- El Gobierno tripartito.

A GISA, la empresa pública que depende de la Generalitat y que adjudica la mayor parte de obra pública en Cataluña, se la responsabiliza de "apostar por la continuidad" de la obra sin que existiera un proyecto modificado. Además, el texto sugiere la falta de un control adecuado sobre la ejecución de las obras. Señala que GISA "no advirtió de las modificaciones" de las obras de ampliación de la línea 5 del metro. Y a la Dirección General de Transportes (órgano del Departamento de Política Territorial, encabezado por Joaquim Nadal) se le atribuye no haber revisado el criterio de GISA.

Las responsabilidades apuntan, pues, al ex director general de Transportes Jordi Julià y al ex presidente de GISA Ramon Serra. Pero ambos ya habían dimitido cuando se constituyó la comisión. El Gobierno acepta, pues, su parte de culpa, pero da por extinguidas sus responsabilidades políticas con la dimisión de estos dos cargos. Respecto a la gestión de la crisis entre el 25 de enero y el 3 de febrero, el tripartito reconoce que fue una "decisión precipitada" autorizar el retorno a sus viviendas de determinados vecinos.

- El Gobierno de CiU. La anterior Administración, de Convergència i Unió, sale mejor parada. Las conclusiones le imputan haber permitido un proyecto inicial que contenía "debilidades e imprecisiones". Además denuncian que la decisión de trasladar la cola de maniobras al barrio del Carmel se realizó "sin ningún trámite administrativo". Estos dos episodios, ocurridos bajo mandato convergente, sólo fueron aprobados por los grupos del tripartito.

- Las empresas. Al margen de las responsabilidades propiamente políticas, las conclusiones ponen el acento en las empresas adjudicatarias, cuya actuación se considera "grave". El documento no cita nombres, pero apunta tanto a la dirección de obras (una unión temporal de empresas formada por Geocontrol y Tec 4) como a las constructoras (también una UTE, integrada por Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa). Será en el "ámbito judicial", dice el texto, donde se sabrá qué parte de culpa tiene cada compañía. Pero eso no es todo. El texto añade: "El Parlament insta al Gobierno a emprender las acciones legales oportunas para resarcirse de todos los daños ocasionados por el hundimiento por los cuales eventualmente tenga derecho a ser compensado". De esta forma, se pretende que el Ejecutivo pueda recuperar los 95 millones de euros que le costará la crisis del Carmel.

La obra pública

Propuestas de mejora

Junto al esclarecimiento de las causas del hundimiento, el otro gran objetivo de la comisión era estudiar los procesos de adjudicación y gestión de la obra pública en Cataluña entre 1999 y 2005. Según el documento no se han detectado irregularidades, pero sí deficiencias en la obra pública, ya que contiene una amplia lista de recomendaciones para mejorarla. La parte de recomendaciones, en la que el Parlament insta al Gobierno a emprender diversas medidas, es la más extensa del documento y se ha ido nutriendo de las aportaciones de los comparecientes.

- Gestión. 1. La comisión pide que se tengan "especiales precauciones" en las obras subterráneas. Se exigirán estudios geológicos, el control de todo el proceso por la dirección de obras y que las medidas de los túneles sean conocidas por el "órgano supervisor" de la obra. Además, se tomarán medidas de seguridad adicionales en las zonas urbanas. 2. Los proyectos deberán ser mejor evaluados y se les asignarán los "recursos económicos y el tiempo necesarios". Se evitará al máximo introducir modificados y se concretará el objeto de la licitación. La Administración hará un seguimiento adecuado de los proyectos. 3. Los vecinos afectados por obras públicas deberán ser "puntualmente informados" de las que se ejecuten en su zona. 4. Las órdenes de la dirección facultativa son "vinculantes" para la empresa constructora. 5. La Administración ejercerá el control de calidad. 6. La comisión insta a garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción y a mejorar la salud laboral, asegurando la "independencia" de los coordinadores en estas materias y la formación de los trabajadores.

<- Contratación. 1. La Administración deberá facilitar una "mejor publicidad previa" que permita conocer la planificación de las inversiones públicas. El texto insta a que la programación se haga "sin oscilaciones temporales desproporcionadas", en alusión a los ciclos electorales, en los que se dispara el volumen de obra pública. 2. Los miembros de las mesas de contratación lo serán de forma rotatoria. Además, el dictamen pide que se limite el número de los que dependen del órgano de adjudicación y, en cambio, que se incremente la presencia de personal técnico. 3. La actualización del sistema de clasificación de los contratistas. 4. El aumento de la legalidad y la transparencia en los procesos de contratación. Para ello, se exige que las resoluciones de adjudicación sean motivadas y públicas. 5. Respecto a los procesos de adjudicación, el texto insta a garantizar la concurrencia de todas las empresas y la calidad de la obra pública. Además, sugiere adaptar los distintos tipos de procesos (negociado, restringido u otros) a las necesidades de cada obra. También se deberá calibrar, caso por caso, el peso relativo de la oferta económica y de la técnica. 6. La colaboración de una UTE en una obra sólo estará justificada por razones económicas o de especialización técnica. 7. El texto fija la obligación de una autorización "previa y motivada" de las subcontrataciones, así como la posibilidad de que la Administración pague directamente a estas empresas. 8. Seguimiento y fiscalización de los contratos. 9. Mejor gestión de la información geológica.

Las irregularidades

Sin pruebas del 3%

El detonante para crear la comisión de investigación fue la alusión de Pasqual Maragall, en el Parlament, al "3%", interpretado como el cobro de comisiones ilegales en obra pública bajo la Administración de CiU. Sobre este aspecto, el informe señala simplemente que "no se ha podido acreditar" su existencia, aboga por el "máximo rigor" en la adjudicación de obras y solicita la colaboración de los agentes sociales para denunciar prácticas corruptas. El texto también insta a los partidos a eliminar las donaciones anónimas. CiU, el grupo que más ayudas de este tipo recibe, se negó a votar a favor de este punto.