El Gobierno actuará contra ETA "antes, durante y después" del proceso de paz

El Gobierno aseguró ayer que el Estado de derecho seguirá actuando contra el entramado terrorista "antes, durante y después" del proceso de paz, porque funciona la separación de poderes. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, dirigió esta advertencia a la ilegalizada Batasuna tras las amenazas lanzadas por esta formación después del encarcelamiento de su líder, Arnaldo Otegi. Fernández de la Vega también precisó que "mientras haya atentados y la banda no anuncie su voluntad de dejar las armas, no habrá ninguna aproximación al proceso de paz".

La vicepresidenta primera tuvo que responder ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, a numerosas preguntas sobre el último atentado de ETA, el encarcelamiento del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi -ayer mismo, tras 41 horas en prisión, quedaba en libertad tras hacer frente a una fianza de 400.000 euros-, y los rumores de cruces de mensajes entre la banda terrorista y el Gobierno. Aseguró que "no existen contactos entre el Gobierno y ETA, ni ningún mensajero del Gobierno para contactar con nadie", como ha manifestado reiteradas veces el presidente del Ejecutivo. Y no quiso responder sobre la posibilidad de que existan otras vías por las que el entorno de la banda pueda hacer llegar llegar sus mensajes al Gobierno.

Incluso ante la posibilidad de que ETA pueda declarae un cese de la violencia terrorista, Fernández de la Vega eludió la respuesta con el argumento de que el Ejecutivo "tiene una responsabilidad intransferible". "El Gobierno tiene información, cuya transmisión pública tiene que administrar con prudencia porque afecta a la seguridad del Estado y a los españoles", argumentó.

"Se tiene que disolver"

Quiso dejar muy claro, además, que el Gobierno no entrará en contacto con ETA hasta que la banda deje de cometer atentados. "Lo volvemos a repetir: ETA tiene que dejar de cometer atentados. Se tiene que disolver. Lo ha dicho el presidente del Gobierno muchas veces. Ése es el sentido de la resolución aprobada por el Congreso, tras el debate sobre el estado de la nación -la del final dialogado de la violencia- y es el mensaje único y unívoco del Gobierno".

También aseguró que el Ejecutivo no dio instrucciones al fiscal general del Estado para que pidiera el encarcelamiento de Otegi como respuesta al atentado de ETA en Madrid, en contra de lo que señalaban ayer algunas informaciones. "El fiscal general del Estado tiene autonomía completa para ejercer las actuaciones ante los tribunales. Ni en este caso ni en ninguno ha habido instrucción alguna de este Gobierno. Ni tampoco la habrá. El Gobierno respeta y acata lo que decidan los jueces y tribunales", precisó.

Sobre la posible ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera), que el PP reclama porque no ha condenado el atentado de ETA, la vicepresidenta reiteró que "no le incumbe analizar la concurrencia o no de elementos suficientes de juicio o prueba para fijar el inicio de una acción judicial". Se remitió a la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, "que son los que pueden actuar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo". "No es razonable", agregó, "que estemos todo el día especulando sobre si existen o no elementos indiciarios suficientes para proceder a una acción que tiene que llevar a una ilegalización".

Luego, pidió a los ciudadanos que tengan "la absoluta tranquilidad de que este Gobierno respeta escrupulosamente la Ley de Partidos. La fiscalía actuará, si es que tiene que hacerlo, cuando proceda y contra quien proceda".

También se refirió a la manifestación convocada para el 4 de junio por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y apoyada por el PP, contra el diálogo con ETA. Manifestó el respeto y el apoyo del Gobierno a las víctimas y exhortó a "la responsabilidad", porque "el Pacto Antiterrorista deja muy claro que no debe instrumentalizarse nada desde el punto de vista partidario".