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El PP aprueba un crédito de 7 millones para pagar 1.488 facturas en Castellón

Algunos pagos corresponden a servicios básicos y no extraordinarios

María Fabra

El PP de Castellón se quedó ayer solo en la aprobación de una modificación de crédito de más de 7 millones de euros que servirán para pagar un total de 1.488 facturas de gastos que se hicieron sin contar con la partida presupuestaria pertinente en las previsiones económicas municipales. Es decir, facturas emitidas por la realización de trabajos que, en principio, no se preveían y que, en teoría, por su urgencia, han sido adjudicados directamente.

Los gastos municipales que ahora han de pagarse no pasaron en el Ayuntamiento el habitual procedimiento de contratación administrativo. Las facturas se pagarán pese a los informes contrarios emitidos por los técnicos municipales que, en algunos casos, resaltan la necesidad de presupuestar anualmente dichos gastos.

Sin embargo, durante el pleno celebrado ayer, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón desveló que algunas de estas facturas no corresponden a gastos extraordinarios sino a servicios básicos de la ciudad. La concejal socialista Josefina Gimeno hizo especial hincapié en dos grupos de facturas, las procedentes de la empresa que retira los vehículos de la vía pública cuando se programa algún acto en la calle o en situaciones excepcionales y las emitidas por el servicio de mantenimiento de los colectores.

En el primero de los casos, las facturas que se pagarán por el procedimiento de reconocimiento "extrajudicial" alcanzan un montante de más de 98.500 euros (unos 16 millones de las antiguas pesetas) y se remontan a octubre de 2001. En el caso de los colectores, los pagos pendientes ascienden a 874.700 euros (casi 150 millones de pesetas).

Según explicó Josefina Gimeno, el servicio de retirada de vehículos se adjudicó a principios de 2001. Las facturas que se pagarán con la modificación de crédito van desde octubre de ese mismo año hasta septiembre de 2003 y, además, cuentan con un tajante informe técnico, firmado por el interventor municipal, que señala que "es imposible saber a qué corresponden y si, realmente, son servicios que deban ser abonados por el ayuntamiento".

En el caso del mantenimiento de los colectores, el ayuntamiento tiene firmado un convenio para la ejecución de este servicio. Sin embargo, anualmente, desde el año 2000, la empresa realiza otros trabajos semejantes que no están incluidos en dicho acuerdo y por los que pasa facturas al margen del montante pactado, firmado y presupuestado.

En ningún caso, desde 2000, el gasto anual es menor a los 57.000 euros y llega a alcanzar los 276.000 euros. El informe técnico que acompaña al expediente de pago de esta deuda indica que las tareas se han realizado "sin ningún tipo de contrato" y recomienda que "en evitación de que el próximo ejercicio continuemos en la misma situación" se consigne una cantidad para "poder realizar el oportuno concurso para adjudicar este servicio".

La concejal responsable de Hacienda, Susana Fernández, admitió ayer que este tipo de pagos son irregulares pero trató de justificarlos señalando como responsables a los propios empresarios y a algunos funcionarios. Además, calificó la situación de "heredada" pese a que el PP lleva 14 años gobernando en el Ayuntamiento de Castellón.

El Bloc también votó en contra de la modificación de crédito y su portavoz, Enric Nomdedeu, destacó la magnitud de la irregularidad y la imposibilidad de estudiar "61,5 kilos de facturas".

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