Interrogantes de una reforma

El reciente acuerdo alcanzado entre PP y PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana para iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana sobre un texto consensuado encierra muchas claves. Algunas son conocidas. Otras no tanto. Algunas probablemente no podrán explicarse nunca. Sea como fuere, su dimensión política trasciende el ámbito regional y al tratarse de la primera de las propuestas de reforma estatutaria que presumiblemente llegará al parlamento español, invita a reflexionar sobre su significado en el actual contexto político.

Del acuerdo hay que destacar, en primer lugar, la importancia del consenso político como valor en sí mismo y como expresión de voluntad política de ser. A veces, menos de lo que sería aconsejable, la política emite señales positivas y como tales son percibidas por los ciudadanos. En este caso se transmite la idea de que ha existido voluntad de construir juntos sin estridencias, de sumar, de resolver un problema político atendiendo al interés general. Eso sí, siendo plenamente conscientes del momento político que vive el Estado y de las posibilidades políticas reales de prosperar que tiene una propuesta elaborada desde la Comunidad Valenciana. Este efecto pedagógico del consenso es particularmente importante entre los valencianos, pueblo que en ocasiones anda falto de autoestima y a veces de confianza en su propia capacidad y la de sus representantes políticos.

En segundo lugar, merecen valoración las nuevas propuestas incorporadas. Sin duda existen sombras y ausencias importantes. También se mantienen en el texto rutinas, inercias y figuras que encajan mal con los nuevos desafíos de una sociedad que ha cambiado profundamente durante los años de vigencia del Estatuto de Autonomía que ahora se pretende reformar. Hay también algunas renuncias. Sin embargo, deben valorarse algunos avances importantes en el terreno de los valores, de los derechos de ciudadanía, de la financiación o de los límites competenciales en materia de justicia. Con todo, conviene recordar que un estatuto no es un programa electoral, sino un marco para la convivencia que debe tener el grado suficiente de flexibilidad como para que gobiernos muy diferentes puedan desarrollar políticas de signo opuesto. Un Estatuto que se ha querido abierto, sin excesivas concreciones y con cláusulas de cautela, contra lo que pudiera pensarse es una norma que puede tener garantizada una vida más larga.

Pero, sobre todo, conviene no olvidar que hace muy poco tiempo -y sé de lo que estoy hablando- las direcciones nacionales de los dos grandes partidos ni siquiera querían oír hablar de la posibilidad de que una reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana incluyera la referencia a "nacionalidad histórica" y la posibilidad de disolución anticipada de las cortes regionales. Ahora, sin embargo, estas cuestiones que fueron impedidas en el pasado son favorecidas situando a la Comunidad Valenciana en primer lugar. El actual presidente del Gobierno central, Rodríguez Zapatero, sin duda ha tenido mucho que ver en el desbloqueo y en la posibilidad de que la que propuesta sitúe a la Comunidad Valenciana en el grupo de nacionalidades históricas.

Esta última cuestión nos lleva a la tercera, y probablemente más importante, de las reflexiones que en forma de interrogantes quiero compartir. Está fuera de toda duda que el Estado ha iniciado una segunda fase en la etapa de transición política que inauguró la aprobación de la Constitución de 1978 y de los Estatutos de Autonomía. Esta segunda fase de la transición, impulsada por las fuerzas progresistas, implica en primer lugar incorporar modificaciones estatutarias y, en su caso, constitucionales, que supongan mejoras sustanciales en el terreno de la eficacia de un Estado compuesto. Pero esencialmente se acomete para intentar abordar, con intención de resolverlo, el desafío político de encontrar un mejor encaje a las aspiraciones históricas de las nacionalidades vasca y catalana. Y en este caso la cuestión nada tiene que ver con la cesión de más competencias o con el desarrollo de un nuevo modelo de financiación, sino con la definición de una nueva relación entre el País Vasco y Cataluña con el conjunto del Estado.

La reforma del Estatuto valenciano se ha hecho indudablemente en clave de política española, pero ¿con qué intención? ¿Con la de que constituya un referente de máximos para el resto de reformas estatutarias? ¿Ese referente de máximos, con algunas variaciones, afecta también a Cataluña y al País Vasco o únicamente a las otras catorce Comunidades Autónomas? En caso de que las reformas propuestas por Cataluña y el País Vasco implicaran el establecimiento de otro nivel de relación entre esas Comunidades y el resto del Estado ¿los grupos políticos mayoritarios en las Cortes asumirán la posibilidad de un doble rasero político con relación al modelo de Estado? ¿Cuántas nacionalidades históricas con derecho a disolución anticipada quedarán establecidas cuando finalice el proceso de reformas? ¿Tendremos una nueva distinción entre naciones (País Vasco y Cataluña), nacionalidades históricas (Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia, Aragón, Baleares...) y regiones? ¿Dónde queda Andalucía? ¿Es asumible pensar en dar contenido político diferente a la relación entre el País Vasco y Cataluña y el resto? ¿Es posible incluso pensar en una relación con el Estado diferente a su vez entre el País Vasco y Cataluña? Y si nada de esto es posible porque se tratara de un problema insoluble ¿podremos seguir "conllevando" -como diría Ortega y Gasset- el problema vasco y catalán sin atender sus demandas políticas?

En definitiva, la reforma del Estatuto se ha hecho en clave de política española, pero ¿se impulsa con vocación de ser cola de león o cabeza de ratón? Creo que los responsables políticos de la Comunidad Valenciana han hecho bien su trabajo, pero todavía quedan muchos interrogantes por despejar. Razón de más para concebir una reforma abierta, flexible, realista y prudente porque el camino de la política española en relación con el modelo de Estado inicia un nuevo recorrido de final incierto.

Joan Romero es profesor de Geografía Política en la Universidad de Valencia.