El 60% de las causas abiertas por delitos medioambientales se debe a construcciones ilegales

Medio centenar de jueces procedentes de toda España participan desde ayer en Jaén en el Foro de formación y estudios medioambientales del Poder Judicial en Andalucía con el objetivo de aunar perspectivas sobre la aplicación del derecho ambiental. Después de recordar la Memoria de la red andaluza de fiscales de Medio Ambiente, hecha pública hace unos días, Juan María Terradillos, catedrático de Derecho Penal y director del curso, apeló a la conciencia política para hacer frente a los delitos urbanísticos que representan el 60 % de las 330 diligencias tramitadas en el último año, de un total de 1.302 investigaciones abiertas por las ocho Fiscalías andaluzas especializadas en Medio Ambiente. Éstas estuvieron relacionadas, sobre todo, con delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

"Los problemas relacionados con las pruebas son mínimos en estos casos. Todos sabemos donde se está construyendo un hotel ilegal o una urbanización de 15.000 viviendas en un paraje protegido", advirtió el director del curso. Éste añadió que la solución pasa por la organización y voluntad de todas las autoridades políticas, que también deben evitar el efecto llamada. "No podemos seguir diciendo a los constructores ilegales que con una pequeña multa se pueden seguir lucrando generosamente a través de una actividad delictiva", subrayó el catedrático de Derecho Penal, quien pidió una reflexión sobre el crecimiento desordenado de edificaciones en el litoral andaluz, y de forma muy especial en la costa gaditana y malagueña. "Los ciudadanos también deben ser conscientes de que lo que erosionamos ya no lo podemos recuperar", resaltó, insistiendo en la necesidad de que la justicia y las administraciones locales aplique toda la legislación vigente y sus medios contra estos delitos. "Cuando el ciudadano vea que los chalet se derriban, estas prácticas comenzarán a ser poco atractivas porque el delito no le saldrá gratis", apostilló.

Juan López Domech, secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente, hizo hincapié en la necesidad de convertir la formación de jueces y técnicos en una prioridad. "El derecho ambiental, que lleva poco tiempo incorporado al ordenamiento jurídico, es complejo porque en él concurren competencias estatales, autonómicas y locales con normativas muy distintas, que necesitan de una gran coordinación para su interpretación", señaló el responsable de la Junta.

El encuentro de magistrados, que será clausurado mañana por la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, María José López, es una de las cinco actividades organizada en el marco de este foro puesto en marcha el pasado año por la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).